El presunto fraude en los cursos de formación impartidos por la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC), filial de la Cierval, que ha denunciado Anticorrupción pasó los controles del Consell y no fue detectado en 2011 cuando fueron abonados en su integridad. Fue dos años después y gracias a una inspección de la Agencia Tributaria que las posibles irregularidades salieron a la luz, lo que obligó al Servef (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) a reclamar el reintegro de los 418.700 euros a la patronal autonómica y su posterior denuncia ante el fiscal. El Ministerio Público ha asumido las pesquisas y ya ha presentado una acusación contra la CEC y dos testaferros por un delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad en documento público.
La Agencia Tributaria (AEAT) estaba investigando a Álvaro García Osorio, propietario de Consultoría y Estudios AGP, que había realizado cursos de formación en prevención de riesgos laborales para la CEC. Hacienda, según fuentes de la investigación, avisó al Servef a través de un informe en octubre de 2013 que las firmas del empresario García Osorio estaban en el punto de mira en una operación de fraude a gran escala. Desde el Servef, que dependía de la Conselleria de Economía, iniciaron sus propias pesquisas pese a que había dado por buenas las ayudas en septiembre de 2011, cuando se había abonado el total de la subvención de formación a Cierval.
Según las mismas fuentes, en el Servef recuperaron el expediente y detectaron que en los subconceptos «retribuciones docentes» había dos cobradores, «la empresa que había gestionado el curso y Consultoría y Estudios AGP, imputándose en este último justificante de la impartición de un módulo de riesgos laborales que no consta en los programas de las acciones formativas solicitados por la CEC». Además, apuntaron fuentes de la investigación, «en ninguna de las acciones formativas aparece García Osorio como docente, imputándose no obstante a cargo de Consultoría y Estudios AGP diversas cantidades en concepto de evaluación, control y apoyo en la gestión». Se detectó el mismo modus operandi en la formación facturada por Centro de Oficios RM. En total, un fraude de 418.700 euros en cursos que no se habrían hecho.
El informe de Hacienda concluye que las firmas investigadas «no cuentan con los medios materiales y humanos para la realización de la actividad». El propio Osorio reconoció a la Agencia Tributaria que no había realizado ninguna actividad económica en 2009 y 2010, cuando se supone que trabajaron para la CEC.
