Las reivindicaciones del Consell, las Corts, la patronal y los sindicatos de cambiar el modelo de financiación que «atenaza» y sobreendeuda la economía valenciana han encontrado en los últimos días dos nuevos aliados en órganos independientes españoles e internacionales. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco de España abogan un cambio en el reparto de los recursos del Estado a las comunidades autónomas. El FMI, que condiciona la política mundial, va más lejos y propone unos déficits asimétricos, es decir, donde se corrijan las injusticias de la actual situación, que sobre todo perjudican a la Comunitat Valenciana, que pese a ser un territorio de España pobre (por debajo de la media) aporta de manera neta a la balanza del Estado. Una situación que en los últimos años ha incrementado la deuda pública a más de 40.000 millones y ha generado una deuda histórica de más de 13.000 millones.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha considerado esta semana imprescindible que durante la próxima legislatura se afronte el necesario debate para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, aunque no quiso entrar a opinar sobre cómo debería hacerse por no ser un «experto» en la materia.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado miércoles para opinar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, el portavoz de los nacionalistas catalanes, Josep Sánchez Llibre (Unió) criticó la «asfixia» a la que están sometidas las comunidades autónomas por culpa del actual sistema de financiación, vigente desde 2009. «No discrepo de la opinión muy general de que el actual sistema debe ser reformado. Los mejores conocedores del sistema coinciden en que hay que hacerlo, pero es muy complicado porque tiene connotaciones políticas importantísimas. Pero yo no discrepo y me parece razonable decir que ésa es una tarea de la próxima legislatura. Pero de ahí no puedo pasar porque ni domino el tema lo suficiente ni es el momento para eso», explicó el gobernador del Banco de España.
Por su parte y como ya contó la semana pasada este periódico, el FMI considera necesaria una reforma del marco fiscal para las comunidades autónomas en España que ayude a reducir el déficit público y se muestra partidario de permitir déficits asimétricos entre las distintas regiones. Es decir, que cada territorio pueda tener desfases entre ingresos y gastos diferentes hasta que se corrija el modelo de financiación, algo que ha venido reclamando insistentemente el Consell de Ximo Puig.
Mayor flexibilidad
En el informe sobre la economía española correspondiente al Artículo IV, el FMI destaca que aunque las reformas realizadas tras la crisis han fortalecido la gobernanza y la autonomía fiscal de las regiones, sigue habiendo espacio para nuevas mejoras. El FMI se ha mostrado más flexible que el Gobierno. «Podría considerarse permitir que los objetivos fiscales de las regiones difieran teniendo en cuenta las diferencias estructurales en sus capacidades y sus necesidades de ajuste, aunque de forma transparente y basada en reglas», sostiene.
La institución dirigida por Christine Lagarde remarca que los esfuerzos fiscales de las comunidades en los últimos años han sido «desiguales» y los objetivos de déficit marcados se han incumplido «de forma sistemática», como le ha pasado y le pasará a la Generalitat en 2015. En este contexto, cree que la vigilancia y el cumplimiento de los objetivos fiscales, la normativa y el acceso a los mecanismos de liquidez pueden mejorarse, por ejemplo incluyendo objetivos intraanuales preacordados y medidas correctivas. Además, sugiere que una forma más eficaz para igualar los recursos de las regiones que les permitan hacer frente a sus necesidades de gasto aumentaría su capacidad para alcanzar sus objetivos fiscales.
