La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha eliminado de la resolución que regula el acceso a las ayudas al transporte escolar el requisito de vivir al menos a tres kilómetros «en línea recta» del centro escolar en el que esté escolarizado el alumno.

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia, las recomendaciones, entre otros, del Sindic de Greuges y la protesta masiva de de las federaciones de padres y madres de alumnos y comunidades educativas, no fueron en su momento suficientes para que la Generalitat formalizara un cambio de criterio frente a esta polémica medida, que provocó la aparición de populosos calendarios protagonizados por madres que con semidesnudos querían sufragar con su venta el transporte de sus hijos al colegio.

Según fuentes de la conselleria, la desaparición del requisito de residir al menos a tres kilómetros beneficiará a cerca de 4.000 alumnos que vivan en un tramo comprendido entre los 2,5 y los 3 kilómetros de distancia de su centro educativo.

«Además, la nueva regulación facilita que más familias valencianas se puedan beneficiar de esas ayudas al incluir a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria que residen a una distancia igual o superior a tres kilómetros siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y segura y no en línea recta, como estaba establecido hasta ahora», recuerda la conselleria.

Con anterioridad, el TSJCV acordó en dos ocasiones eliminar el término «linea recta» tal como solicitaban los abogados y la acusación.

Según datos oficiales facilitados por la conselleria dirigida entonces por María José Català, durante el curso 2014-2015, Educación destinó en torno a 60 millones de euros a pagar ayudas vinculadas al transporte escolar, tanto las que financian el servicio de autobuses como las que van dirigidas directamente a las familias „becas„cuando no existen rutas compartidas. Con estas ayudas se benefician, según esta fuente, «más de 50.000 alumnos que cursan enseñanzas obligatorias escolarizados en un municipio distinto, «a lo que se suman 3.000 alumnos autorizados excepcionalmente al uso de este transporte».

Sobre el número de afectados por la anterior resolución y que pueden ahora acogerse a las ayudas o usar el transporte escolar, la anterior administración aseguró que su impacto era «muy reducido» mientras la confederación autonómica de ampas Gonzalo Anaya atribuía la pérdida de este derecho « a miles de alumnos».

Según la conselleria de Educació, Investigación, Cultura y Deportes, de este modo, «se revierte un trato discriminatorio entre el alumnado, sustituyendo la medición en línea recta por una serie de requisitos mucho más ajustados a la realidad de la entorno a los centros educativos y de las localidades donde residen los alumnos, sobre todo en cuanto a las comunicaciones», subrayan las mismas fuentes.

La resolución publicada ayer en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana llega a pocos días del inicio del curso escolar, que se planificó al terminar el periodo de matrícula de acuerdo a la normativa del anterior Consell, lo que obliga a los padres a presentar contra reloj sus solicitudes y a la conselleria, probablemente, a modificar y ampliar rutas y horarios.

Educación abrirá el 22 de agosto y hasta 4 de septiembre un término extraordinario de presentación de solicitudes de transporte escolar, dirigido a aquellos alumnos que no hayan podido pedir las ayudas en el término ordinario y que puedan ser beneficiarios por el cambio de los requisitos.