24 de agosto de 2015
24.08.2015
Reapertura

El Consell aplazará a 2017 la nueva TVV si no hay acuerdo con los trabajadores

El comisionado para la reapertura comunicó al comité de empresa que la reversión del ERE sería ilegal

24.08.2015 | 01:33
Trabajadores ante la sede de RTVV el día después de su cierre en 2013. Foto: Marga Ferrer.

La puesta en marcha de una televisión autonómica valenciana es uno de los compromisos del Acord del Botànic y sus tres firmantes (PSPV, Compromís y Podemos) tienen voluntad de cumplirlo. Ahora bien, no está claro con qué premura. Los plazos podrían alargarse hasta mediados de la legislatura. El Consell está trabajando este verano para llegar a un acuerdo con los extrabajadores de Canal 9, que no comparten la estrategia del nuevo Ejecutivo y llegaron a mostrar sus discrepancias a la vicepresidenta Mònica Oltra en un tenso encuentro a las puertas del Palau. Sin embargo, en estos momentos, las conversaciones están encalladas y las relaciones con el nuevo Ejecutivo se han enquistado. Tal como informó ayer este diario, el tripartito tiene previsto aprobar en las Corts con carácter de urgencia una ley que le permita volver a emitir el 9 d'Octubre.

Será una emisión de contenidos enlatados ya que los representantes del extinguido comité de empresa de RTVV no aceptaron la oferta de abrir una televisión provisional con un número reducido de trabajadores hasta que se elabore la legislación necesaria para poner en marcha un nuevo ente. El nuevo Consell que preside Puig trabaja todavía con la idea de que el pacto sea posible, pero también tiene claro que, si este acuerdo no se alcanza, se aplazará a 2017 la puesta en marcha de una nueva televisión valenciana. En este año se extinguiría la posibilidad de incurrir en una sucesión empresarial si se abre una nueva televisión.

El Gobierno valenciano no quiere correr el riesgo de impulsar un proceso de reapertura que de pie a un nuevo recurso ante los tribunales o a cientos de demandas individuales de los extrabajadores, sobre todo los que consolidaron su plaza en los procesos selectivos. El riesgo es que un juez determine que la Generalitat ha despedido a una plantilla para luego contratar a otros trabajadores para hacer lo mismo en una empresa con forma jurídica diferente, pero con el mismo cometido. En favor del Consell corre el tiempo que permanezca la televisión cerrada y que todos los contratos laborales se extinguieron el pasado 30 de junio por un ERE que apoyó una gran parte de la plantilla y cinco de los seis sindicatos con representación.

Los extrabajadores de RTVV, en voz del comité de empresa y de la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià (Mesav), reclaman la reversión de ERE en virtud del cual se despidió a toda la plantilla. Su hoja de ruta es que la Generalitat revierta los despidos y recupere a los 1.600 trabajadores para posteriormente realizar un nuevo expediente de regulación de empleo pactado con los sindicatos, algo que no hizo el Consell del PP en el primero que se planteó en 2013 y que acabó con el cierre unilateral de la televisión. El pecado original. En caso de realizarse la reversión del ERE, los exempleados deberían devolver las indemnizaciones cobradas por el despido, pero se verían compensados ya que tendrían derecho a una indemnización de compensación desde que se extinguió su relación laboral a la actualidad, el conocido como salario de tramitación. Desde el comité de empresa se plantea, aunque no se ha plasmado negro sobre blanco, que en el ERE que se realizase después de la reversión se primaría a los trabajadores que tienen un proceso de selección aprobado. Es resto volverían a ser despedidos. También se han contemplado prejubilaciones y bajas incentivadas.

Propuesta inviable
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València, José Maria Vidal, en quien Puig ha confiado estudiar la vía jurídica para abrir la televisión sin riesgo de nuevas sentencias condenatorias comunicó a los extrabajadores que su propuesta era inviable e ilegal. Cabe recordar que el de RTVV no es el único ERE que la Generalitat ha ejecutado en una empresa pública.

Entre otras razones, la administración no quiere correr el riesgo de que una hipotética reversión del ERE de extinción de RTVV diera pie a una avalancha de reclamaciones de despedidos de otras firmas públicas como Vaersa, Ivvsa o Cacsa.

Mientras el comisionado elabora la hoja de ruta legal, las Corts iniciarán las reuniones para elaborar una nueva ley que permita abrir la televisión pública con todos los controles que eviten casos de manipulación como los que hundieron las audiencias de la finiquitada Canal 9. En esta comisión, que presidirá Podemos según el Acord del Botànic, acudirán representantes del sector audiovisual, profesionales y exempleados para conseguir elaborar la normativa que permita poner en marcha la nueva RTVV.

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