La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, pidió ayer al Gobierno central que «se ponga a trabajar ya»para que, cuando la AP-7 sea liberalizada en 2019, disponga de más ramales de conexión con los municipios que atraviesa esta infraestructura.
«Es decisión de este Gobierno que, en 2019, cuando acabe la concesión —de la AP-7—, se proceda a su liberalización. Esta carretera ha de ser pública, de libre tránsito, porque eso contribuye a mejorar la conectividad», manifestó.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que coincidió con la consellera en el acto de toma de posesión del nuevo presidente del Puerto de Valencia, Aurelio Martínez, recordó que el Ejecutivo central ya ha manifestado su «voluntad de no renovar esta concesión y transformar la AP-7 en la A-7».
«Dentro de la red de carreteras valencianas, sólo el 20 % depende del Estado, pero son las autovías que más tráfico tienen, cerca de 70.000 vehículos diarios», añadió.
En ese sentido, ha subrayado el «esfuerzo inversor del Gobierno», que el año pasado destinó 40 millones de euros a la conservación y mantenimiento de estas carreteras y que el año próximo prevé incrementar esta partida hasta los 72 millones.
Presupuestos
Por su parte, el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, anunció ayer la presentación de diversas enmiendas los Presupuestos Generales del Estado para 2016 que incluyen, entre otras, la construcción de la línea Gandia-Oliva-Dénia y «las diferentes soluciones» en torno a la AP-7. En total, 26 enmiendas, que suman 340 millones de euros.
La AP-7 tiene fecha de caducidad en el tramo sur de la concesión, de Tarragona a Alicante, que vence en 2019 , mientras el tramo norte, de Tarragona a La Jonquera, lo hace en 2021.
Mientras en el tramo sur el rescate no debería costarle ni un euro al Gobierno, en el tramo norte tendría que pagar una cantidad que algunas fuentes estiman en 1.500 millones a la concesionaria Abertis, con la que firmó un contrato de «reequilibrio financiero».
El Gobierno podría optar por no suprimir totalmente el peaje en la AP-7 sur para «compensar» el déficit acumulado en otras autopistas como las radiales de Madrid, aunque esta opción no es contemplada por la Generalitat Valenciana.
