El grupo parlamentario Podem-Podemos ha presentado en Les Corts una propuesta de resolución para instar al Consell a que retire con carácter inmediato las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas situadas en sus edificios con nombres de altos cargos condenados por corrupción.
En un comunicado, la formación ha indicado que la retirada hace referencia a nombres de personas que hayan ostentado cargos públicos condenados por sentencia judicial firme, además de por corrupción, por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social o delitos contra la administración.
Ha pedido la supresión de elementos de distinción u homenaje y consideración pública concedido a estos gestores con motivo de su cargo y han propuesto que el Consell apruebe una declaración formal y pública de reprobación y repulsa a los políticos de la Comunitat Valenciana que hayan resultado o resulten condenados por corrupción.
La portavoz adjunta de Podemos en la Comunitat y autora de la propuesta, Fabiola Meco, ha manifestado que la corrupción es una "lacra que tiene serias consecuencias en el ámbito social, político, moral y económico".
A su juicio, "socava los fundamentos mismos del estado de derecho", y en la Comunitat Valenciana "no es nada ajeno a nuestra realidad política autonómica, ya que algunos representantes públicos se han servido de su posición y cargo para conseguir prebendas que han redundado en un severo perjuicio de la ciudadanía, que ha visto esfumarse sin justificación fondos públicos".
Por ello, ha recordado Meco, se impuso "una dinámica de recortes y austeridad cuando se tenía que haber apostado por políticas de racionalización de recursos".
Meco ha manifestado que es indiscutible el descrédito de la política por culpa de la corrupción, y la lejanía que provoca la falta de respuesta por parte de la clase política ante ella, por lo que considera necesario, para regenerar la vida pública, "tener una actitud firme y decidida de condena y reprobación institucional de la corrupción política, para fortalecer la autoridad de nuestras instituciones valencianas dentro y fuera de nuestras fronteras".
La diputada ha destacado la importancia de la transparencia, la responsabilidad en el ejercicio del cargo público y el buen gobierno como respuesta activa a la corrupción latente.
También ha puesto de manifiesto "la exigencia ética ante la actuación de los poderes públicos desde donde la ciudadanía pide a las instituciones la promoción de una cultura que rechace y condene de manera contundente toda manifestación de corrupción, sea cual sea su grado".
Según la iniciativa parlamentaria del grupo Podem-Podemos, estas acciones deberán llevarse a cabo en el plazo máximo de dos meses desde su aprobación.
