UGT reclama al departamento de Bienestar Social (ahora dentro de la Conselleria de Presidencia) que cancele el contrato con la empresa pública IVAS, encargada de resolver los expedientes de incapacidad a través de informes y que no requieren la presencia del afectado, y que se cubran las vacantes de personal del Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad de Alicante.
El anterior Consell derivó a la empresa pública IVAS, mediante una encomienda de gestión, la resolución de estos expedientes con el fin de reducir los tiempos de esperas de las personas dependientes. Algo que, para el sindicato, «supone una duplicidad innecesaria». Y añade que este sistema «no adelanta absolutamente nada» ya que «el tapón no se ha producido en el Centro de Valoración, sino en la voluntad política del PP de no pagar la discapacidad». También critican que el sistema de entrevista telefónica es «inaceptable» por las carencias que presenta.
«El objetivo debería ser eliminar la demora en las valoraciones presenciales y eso sólo se puede conseguir con la cobertura de las plazas del personal, obligatoria para los servicios de atención directa, como es el caso», afirmaron.
