El abogado y empresario Alberto Giménez (Alicante, 1954) no ha cesado a lo largo de su carrera profesional en el área de la dependencia „residencias de tercera edad„ de dar ideas a la Administración para sostener y dinamizar el sector. Hace unos años luchaba para convencer a la Administración de lo bueno que sería para el país promocionar el turismo extranjero de tercera edad y dar salida, así, y con estancias temporales a las plazas vacías de los centros de la tercera edad. Lo tenía todo estructurado y medido. Su plan servía para dar trabajo y hubiera sido una inyección para los ingresos nacionales. No salió.

Pero en lugar de darse por vencido, Giménez siguió adelante con sus proyectos de mejorar el sector socio sanitario en el que está inmerso a través de la Fundación Casaverde, propietaria de tres hospitales neurológicos (Mutxamiel, Mérida y Madrid) y tres centros sociosanitarios (Pilar de la Horadada, Guardamar y Almoradí) y puso en marcha la Fundación Economía y Salud. Y fue más allá: reunió a 140 expertos para que se pronunciaran sobre las medidas que podían mejorar el sistema sanitario: doce propuestas de un informe, como publicó ayer Levante-EMV, que se ha trasladado a la Conselleria de Sanidad Universal.

«Puse en marcha la Fundación porque creo en la necesidad de contribuir y colaborar para mejorar y dar mayor calidad y eficiencia al sistema sanitario», declara Giménez a Levante-EMV. El objetivo de esta nueva entidad es, según su responsable, proponer alternativas para innovar y generar empleo y conocimiento de alto valor, «porque España tiene gran capacidad para exportar conocimientos sanitarios,somos los terceros mejor valorados del mundo», agrega.

Giménez no quiere entrar en el debate de sanidad pública versus sanidad privada y tiene puesta la mirada en un sector especialmente desprotegido y del que forma parte, que es la rehabilitación neurológica. «Hay que mejorar este sector y hay que creer más en él, no como un sector de gasto, sino de inversión», apostilla Giménez que aspira a crear espacios de diálogo, «donde se de a entender que el sector de salud es una cuestión de Estado, para buscar fórmulas en las que aunemos esfuerzos para desarrollar un sistema más eficiente y dar mayor calidad de vida a los ciudadanos, más allá de las cuestiones ideológicas».

Sostiene que el sistema no se ocupa adecuadamente de la rehabilitación de las personas que han sufrido un ictus o han perdido su función neurocognitiva. «No se dan cuenta „agrega„ que el primer año de atención es decisivo para que ganen calidad de vida y resultar menos costosas». Y esa obstinación de servir y mejorar es uno de sus principales motores.