El programa de detección de viviendas irregulares que el Ministerio de Hacienda inició en el año 2013 para localizar los inmuebles o las rehabilitaciones urbanísticas por las que no se paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en todo el territorio español se intensificará en suelo valenciano una vez finiquitado el verano. Así lo confirman las dos nuevas listas de «objetivos» del proceso de regularización catastral publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los pasados 25 de junio y 30 de julio, que incluyen a 82 nuevos municipios de la Comunitat Valenciana entre la nómina de localidades a estudiar a fondo entre 2015 y 2016.
Más de 200 poblaciones de las tres provincias ya han sido examinadas con lupa durante los tres últimos años, a través de fotografías aéreas o mediante controles sobre el terreno. La presión fiscal del IBI se ha disparado en este intervalo y Hacienda ha reactivado una nueva fase de su plan, ideado también para reforzar las debilitadas arcas de los ayuntamientos.
315.000 viviendas estimadas
Valencia, Xàtiva o Alzira forman parte de la nueva relación, junto a otros grandes municipios como Torrevieja o Peñíscola. Las estimaciones lanzadas por el propio Catastro hablan de la posible aparición de cerca de 315.000 viviendas ilegales en Castelló, Valencia y Alicante gracias a esta amnistía, cuya «normalización» supondría unos ingresos de más de 18 millones de euros para las administraciones públicas.
Según se recoge en una publicación oficial del Catastro, la selección de las zonas a estudiar se ha realizado siguiendo criterios de «rentabilidad»: se han priorizado aquellos territorios donde se presupone que puede aflorar un mayor número de viviendas en situación irregular.
Los municipios donde la industria del ladrillo actuó con mayor fuerza „con la consecuente aparición de urbanizaciones sin controlar„ o las zonas rústicas „donde las viviendas están más dispersas„ son de los estereotipos más repetidos.
Hacienda ha contratado personal de empresas especializadas para realizar las tareas de inspección. Junto a las construcciones ilegales como la adecuación de una casa de aperos en una segunda residencia de verano también se buscan obras que revalorizan las viviendas „como la edificación de piscinas o porches„ o ampliaciones que no han sido declaradas. Una vez detectada la situación irregular, el propietario afectado recibe una notificación en su casa y tiene un plazo de dos semanas para presentar alegaciones. Debe hacer frente a una tasa de 60 euros por cada construcción, además de sufragar el IBI no prescrito: el de los últimos cuatro años.
