La propuesta del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la conveniencia de incorporar a las comunidades forales en el debate sobre financiación autonómica tiene su base en datos que evidencian la asimetría en el reparto de los recursos del Estado. La sobrefinanciación de País Vasco y Navarra en términos comparativos con las comunidades de régimen común se ha plasmado en infinidad de informes. Entre los últimos, el enviado por la Conselleria de Hacienda al Ministerio de Hacienda en el que se estima que la financiación valenciana se duplicaría si contara con la media de recursos de los que difrutan las comunidades forales. En concreto, obtendría 9.2000 millones de euros adicionales al año. Según se recoge en el informe, que como base el informe del Ministerio de Hacienda sobre balanzas fiscales, la discriminación de la Comunintat Valenciana se acentúa si en el ánalisis se incorporan las comunidades regidas un régimen económico y fiscal propio,el denominado Concierto Económico. Así, con datos relativos a 2012, la C. Valenciana recibe 255 euros menos respecto a la media de las comunidades de régimen común. Respecto a la comunidade mejor financiada, se queda a 744 euros, pero la distancia se ahonda si las comparación se hace respecto a la media de las comunidades forales: nada menos que 1.842 euros menos.
La comparación con las comunidades forales resulta problemática. Hay una razón estrictamente ténica que consiste en que los datos no son comparables ya que Navarra gestiona más competencias y, en el caso del País Vasco, porque gran parte de ellas son gestionadas por las diputaciones forales. Pero hay también razones políticas ya que ningún partido, ni si quiera el PP, se ha atrevido nunca a cuestionar abiertamente el trato diferenciado. De hecho, ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró que los conciertos económicos de Euskadi y Navarra son «indiscutibles» ya que están recogidos en la Constitución, si bien dio una salida a Puig al abogar por qué todas las comunidades participen en la negociación sobre el modelo de financiación. También el Delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, entró en la polémica al reprochar a Puig que cuestione el concierto económico «después de ocho años de gobierno socialista». Preguntado por su opinión, dijo que esta fórmula es Constitucional y que el Gobierno trabaja para que no haya discriminaciones.
Al margen de la controversia, los informes suelen incluir a estas comunidades en análisis comparativos. Y la conclusión es que las disparidades son enormes. Por ejemplo, en gasto en servicios públicos fundamentales. Entre 2009 y 2013, País Vasco invirtió una media de 3.029 euros por habitante; mientras que a cada valenciano le correspondieron 2.219. Más llamativas son las diferencias de gasto en otras políticas. País Vaslco dispuso de 1.459 euros; Navarra de 3.036 y la C. Valenciana de 613.
Por su parte, Puig anuncio su intererés en emprender una ronda de contactos con todos los partidos políticos para tratar de llegar a «un gran acuerdo» para reclamar una financiación «justa» para los valencianos. En una entrevista a la Cadena Ser, el presidente mantuvo que «se debe llegar a este pacto para que gobierne quien gobierne sepa que así no se va a continuar: «No tenemos ninguna visión soberanista pero vamos a exigir de verdad lo que son los derechos de los valencianos», subrayó. Sobre la financiación de las comunidades forales, indicó que cuando se el problema de las asimetrías al hablar de la reforma de la Constitución hay que decidir que «hoy España no es un país en el que los ciudadanos sean iguales».
