01 de septiembre de 2015
01.09.2015
Empresa púlica

Imelsa ultima informes para despedir sin indemnización a los que no iban a trabajar

La empresa pública echará a los primeros doce «zombis» a partir de mañana y defenderá que es despido procedente

01.09.2015 | 00:41
Imelsa ultima informes para despedir sin indemnización a los que no iban a trabajar

Cobrar sin ni siquiera tener que acudir al puesto de trabajo durante años ya es suficiente premio como para encima embolsarse una suculenta indemnización por despido. En ese planteamiento se mueve el director jurídico de la empresa pública Imelsa, José Luis Vera. La auditoría laboral realizada por los nuevos gestores de la empresa de la diputación detectó la existencia de más de veinte empleados que han estado percibiendo su sueldo mensual sin acudir al trabajo. Son los llamados «zombis». En realidad se trata de cargos de confianza a los que se les buscó asilo en la firma pública que durante años ha sido un pesebre para colocaciones por parte del gobierno provincial y de los partidos políticos. Estos empleados fueron blindados con contratos indefinidos con derecho a indemnización.

En total, el despido costaría un millón de euros, según los cálculos del nuevo gobierno del PSPV y Compromís. Sin embargo, el responsable de los servicios jurídicos no está dispuesto a desembolsar un solo euro de las arcas públicas. «El que quiera que vaya a los tribunales y nosotros defenderemos a Imelsa, a la diputación y el dinero de los ciudadanos y demostraremos que aquí se ha producido un fraude», afirmó José Luis Vera.

La nueva dirección de la empresa que comandan el gerente José Ramón Tíller, y la vicegerente, Agustina Brines, está ultimando informes personalizados de cada uno de estos absentistas laborales con los que se pretende demostrar que ninguno de estos empleados ha cumplido cometido alguno, ni siquiera la obligación de personarse en el centro de trabajo. La empresa se reunirá uno a uno con cada uno de los que van a ser despedidos. La dirección de Imelsa lamenta que la firma del convenio laboral por parte del anterior gobierno de Alfonso Rus y el comité de empresa se consumó el 30 de abril de 2015, justo veinticuatro días antes de las elecciones. Un convenio que mejora notablemente las condiciones en caso de despido.

Un segundo problema con el que ha tropezado el equipo de gobierno que encabeza el presidente de la diputación, Jorge Rodríguez, es el de los trabajadores de la diputación que están en nómina de Imelsa aunque desarrollan su labor en otras dependencias. En total hay unos 40 empleados en estas circunstancias. Los gestores de la empresa pública quieren acabar con esta irregularidad porque entienden que no se pueden cargar más gastos a la mercantil y que, además, la «limpieza» de Imelsa ha de ser a fondo. Desde las prácticas corruptas judicializadas, como el presunto pago de comisiones, hasta las irregularidades y anomalías en la relación de puestos de trabajo.

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