Que la operación limpieza iniciada por el nuevo equipo de gobierno de la diputación en Impulso Económico Local (Imelsa) sea sólo el primer capítulo de una revisión completa de todo el sector público empresarial „provincial y autonómico„ para que se ajuste a la legalidad y para exigir responsabilidades cometidas en la contratación, incluida la laboral. Es el deseo de la Confederación General de Trabajadores (CGT), que lleva ya tres años con una cruzada, con una pata judicial, para que se anulen los contratos a dedo de empleados públicos, aquellos que se hicieron «sin ningún tipo de convocatoria pública en la que se puedan evaluar los constitucionales principios de mérito y capacidad recogidos en el artículo 23.2 en relación con el 14 de la Constitución». CGT defiende la «nulidad de pleno derecho» de los contratos con los «enchufados» y «zombis» „los que ni siquiera acuden a su puesto de trabajo„ y, en consecuencia, considera «inadmisible» e «improcedente» que se despida a este personal «con derecho a indemnización». Imelsa acometerá el despido de una veintena de «zombis» y el director jurídico de la empresa, José Luis Vera, advirtió de que no estaba dispuesto a indemnizarlos y de que defendería en los tribunales si era menester que el despido es procedente.
El sindicato calcula que en la actualidad hay unos 3.000 empleados públicos que no pasaron por ningún proceso de selección. Ello, después de que el adelgazamiento del sector público con la reducción de empresas, fundaciones y organismos autónomos redujera en unos 3.800 trabajadores la plantilla de esta Administración paralela que llegó a tener 12.136 empleados y ha vivido en los últimos años nada menos que 17 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Para el sindicato libertario estos ERE han servido para «blanquear» contrataciones irregulares, dado que los «enchufados» han recibido la misma indemnización que quienes superaron un proceso selectivo.
El sindicato presentó en su momento una denuncia a la Fiscalía por la posible contratación ilegal de cinco personas en la empresa pública Epsar „cuyo exgerente José Juan Morenilla y otro exdirectivo son dos de los encausados en el caso Emarsa„, entre ellos una familiar del eurodiputado del PP Esteban González Pons. La Fiscalía elevó denuncia al juez por este caso de presunto enchufismo. Desde CGT entienden que aunque este tipo de empresas públicas estén regidas por el derecho privado, las contrataciones de personal están sujetas al derecho público. «Los procesos selectivos han de publicarse en el Diario Oficial; donde se precise personal, que se haga», indican desde el sindicato, que considera que el «daño económico ocasionado» puede ser considerado «malversación», además de existir una posible prevaricación por parte de los contratadores.
De ahí que, en Imelsa, en la diputación y en todas las empresas públicas, se pide que se «depuren responsabilidades por los daños económicos ocasionados», especialmente «la responsabilidad contable por alcance ante el Tribunal de Cuentas» y por la «vía penal». Para que los exgestores asuman la «responsabilidad civil».
