Bajo mínimos. Así se ha encontrado el nuevo Consell las arcas autonómicas. Fabra y los suyos eran muy conscientes de lo que se jugaban el 24-M y no les tembló el pulso a la hora de tirar de gasto, hasta el punto de que el PP no sólo abandonó el Palau de la Generalitat superando en sólo cinco meses el límite del déficit fijado para todo 2015, sino que también dejó en herencia al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a su socio de gobierno graves problemas de liquidez. Así se deprende del estado de la Tesorería de la Generalitat a 31 de julio, que acaba de hacer público la Conselleria de Hacienda en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y que pone en evidencia que, a esa fecha, en la caja únicamente había 104,2 millones de euros, prácticamente la tercera parte del saldo registrado un año antes (281,9), y alcanzando los niveles más bajos de los últimos años.
Evidentemente, el nuevo Ejecutivo nunca ha ocultado su preocupación por el colapso financiero en el que se encuentra la Generalitat y el nulo margen de maniobra del que dispone, con deudas que se acumulan y sin liquidez para poder hacer frente a los pagos. Ahora bien, desde que llegara al Palau de la Generalitat Ximo Puig y su equipo siempre han dejado claro que la solución sólo puede pasar por la reforma del sistema de financiación autonómica, hasta el extremo de que en este tiempo no han escatimado esfuerzos a la hora de sumar adhesiones a sus reivindicaciones, especialmente entre los empresarios.
Tanto es así que, sin ir más lejos, ayer mismo, en la apertura de la Jornada Interparlamentaria que celebró el PSPV en Valencia, el jefe del Consell volvió a exigir al presidente Rajoy que abra el debate sobre la financiación autonómica, y lo hizo lanzando un mensaje muy claro: si el Gobierno del PP ha conseguido tener elaborados ya a estas alturas los presupuestos para 2016, dejándolo todo bien atado antes de las elecciones generales de finales de este año, y si tampoco ha dudado en impulsar una reforma del Tribunal Constitucional que, llegado el caso, permitiría suspender en sus funciones a Artur Mas en caso de desobediencia, ¿por qué no meter mano por fin al modelo de financiación autonómica?, vino a cuestionar Puig. «Si para Rajoy todavía hay legislatura suficiente como para modificar el Tribunal Constitucional o para elaborar unos presupuestos que él no va a ejecutar, también lo hay para iniciar el proceso de reforma del sistema de financiación», sentenció literalmente.
El líder socialista no debe acabar de ver las cosas claras y, por eso, no desaprovechó la oportunidad y exigió a todos sus diputados autonómicos y nacionales lo obvio: que se sumen a las reivindicaciones y reclamen el fin de la discriminación para esta Comunidad.
En cualquier caso, y, para evitar confrontaciones innecesarias, Puig incidió en que ni su partido ni esta autonomía está en contra del concierto vasco o del navarro. «Sólo se reclama participar en un debate que acabe con la discriminación sistemática de los valencianos, los equipare al resto del Estado y aborde de forma íntegra el reparto de los fondos del Estado a las autonomías», subrayó dejando claro que su intención es que la Comunitat deje de ser una mera espectadora para ser un agente activo en cualquier debate que se abra en España.
