La alternativa reformista federal que propone el PSOE, reconociendo la pluralidad pero negando privilegios, le va como anillo al dedo a la exigencia de financiación justa que entona la Generalitat Valenciana. El discurso federal socialista viene de largo y es el único capaz de restablecer criterios de solidaridad interterritorial, evitar que prospere la tentación centrífuga del nacionalismo radical y servir de base para la reforma constitucional en España.
Al gobierno central ya no le vale repetir una y otra vez que ha reconocido en público y en privado la infrafinanciación de la Comunitat: el efecto Montoro, entonando con la boca pequeña el mea culpa, se ha esfumado tan rápido como se ha conocido su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, pues los valencianos seguimos marginados. Un maltrato económico que sigue cebándose con la ciudad de Valencia, tercera ciudad de España, en los ámbitos de las inversiones en infraestructuras, transporte y cultura: menos previsiones de ingresos para el Ayuntamiento en 2016, sempiterna discriminación del Palau de les Arts, ninguna inversión para el túnel de Serrería y sin noticias de un contrato-programa para el transporte metropolitano.
El gobierno de Rajoy carece de credibilidad: incluso cuando reconoce algún derecho sobre el papel, luego lo incumple. Suyo es un paupérrimo porcentaje de ejecución presupuestaria -¡cómo no, lesivo para la Comunitat!-, y un Fondo de Garantía Asistencial que duerme el sueño de los justos, por lo que dejamos de ingresar, como ha recordado la consellera de Sanitat, 70 millones anuales por asistencia sanitaria a desplazados nacionales.
Los números son tozudos, la Comunitat sigue en una situación de emergencia, hacen falta al menos 1.400 millones para acabar el ejercicio. ¡Y todavía se atreve el ministro de Hacienda a exigir a la Comunitat nuevos recortes!
El PP está solo, aislado en su radical sectarismo, y ha perdido la última oportunidad: ungirse de humildad -tras su desastrosa gestión- y apoyar sin dobleces la exigencia de una financiación justa que lidera la Generalitat Valenciana. Lejos de eso, Bonig se atreve a decir que el PP ya estuvo en una situación semejante y se dedicó a gobernar. Todos sabemos con qué tristes consecuencias lo hicieron, negando la dignidad de las víctimas del metro, marginando a los dependientes y cerrando RTVV.
Como ha explicado el President de la Generalitat, el tema de la financiación autonómica no puede obedecer a una lógica partidista, y, gobierne quien gobierne la Comunitat, ésta debe contar con un sistema justo que permita ofrecer a las personas unos servicios públicos de calidad. Lo han pedido las Corts, y el PP ha votado luego en contra de cambiar la actual ley de financiación. Lo ha pedido la Generalitat Valenciana en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que Montoro se diera por enterado. ¿Cómo le extraña al PP que el gobierno de Ximo Puig estudie llevar el tema a los tribunales?
A estas alturas parece más que evidente que la Comunitat solo conseguirá una financiación justa de la mano de un gobierno progresista. Acaba el verano. En noviembre, elecciones. Entre las hojas caducas del otoño, las políticas injustas del PP. Pedro Sánchez es la alternativa.
