La Comisión Europea recibirá a la Generalitat el jueves para mantener una reunión de carácter técnico sobre la venta de Ciudad de la Luz. La petición a Bruselas se realizó en julio, después de que el nuevo Consell discrepara de la formulación del pliego de condiciones de venta realizada por el anterior gobierno del PP poco antes de las elecciones.

Esta reunión, que fuentes de la Generalitat insisten en que tendrá un carácter técnico y jurídico, resulta crucial para esta institución por lo que ha nombrado una delegación de alto rango para que represente los intereses de la Generalitat. Serán la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Comunidad, Ángeles Cuenca; la directora general de Relaciones con la Unión Europea del Consell, Regina Laguna, y la directora general de la Abogacía de la Generalitat, María José Rodríguez, quienes vuelen hasta Bruselas el próximo miércoles para preparar el encuentro que tendrá lugar un día después.

Es decir, tres directoras generales serán las encargadas de presentar ante los técnicos de la Comisaría de la Competencia de la UE el dossier que recoge los argumentos con los que el gobierno presidido por Ximo Puig pretende alcanzar dos objetivos principales: paralizar la venta de Ciudad de la Luz y conseguir que vuelva a funcionar como complejo cinematográfico.

A lo largo de todo el verano, los servicios jurídicos han trabajado en buscar los resquicios legales que permitan mostrar a la Comisión Europea las incorrecciones que se incluyen en el pliego de condiciones que se aprobó para realizar la subasta de los estudios de cine, que han llevado a que se declarara desierto el primer intento de venta.

Ahora se trata de evitar que se convoque la segunda subasta, ya que las condiciones serían aún más pésimas. Si en la primera ronda la venta se hacía por el total o por alguno de los seis lotes en los que se dividieron las instalaciones, por un mínimo de 94 millones de euros, en la nueva ronda valdría con que la puja alcanzara el 20 por ciento, es decir que podría adquirirse por 20 millones de euros.

En la cita del jueves, el Consell pretende explorar si legalmente se pueden tomar medidas que modifiquen el proceso, a la vez que se afronte otro tema en cuestión: el de los 265 millones que la Comisión Europea obliga a la Generalitat a devolverse a sí misma, por lo que Competencia considera que fueron ayudas ilegales. Y es que la devolución de esta cantidad es la que propició la puesta en marcha del proceso de venta, aunque su cancelación a día de hoy resulta muy complicada, incluso si se privatizase el complejo, ya que las cantidades que se manejan no cubrirían ni de cerca esa cantidad.