El pasado martes una joven recibió una brutal paliza de su expareja que la dejó en coma en Manises. Durante el mes de julio, una mujer en Serra fue presuntamente asesinada por su marido al pegarle este fuego a la casa donde vivían, mientras se encontraban en proceso de separación. El pasado sábado llegó a España para ser juzgado tras su huida a Rumanía Sergio Morate, principal sospechoso de haber asesinado a su exnovia y a su mejor amiga en Cuenca. Son sólo algunos de los últimos casos de violencia machista que han sacudido a la sociedad, ocurridos en apenas mes y medio. Es un goteo constante, diario, que las autoridades no saben muy bien cómo frenar y ante el cual los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado piden más apoyo.

Es el caso de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alzado la voz para reclamar más recursos para combatir esta lacra. Desde el colectivo explicaron a Levante-EMV que en la Comandancia del cuerpo de la provincia de Valencia hay ocho plazas destinadas a los Emume, equipos que se encargan de atender los casos relacionados con mujeres y menores. Sin embargo, de esas ocho plazas solo hay cubiertas cuatro. En la Comandancia de Alicante hay seis agentes, un sargento y un cabo, y en la de Castelló, siempre según las mismas fuentes, no hay nadie en ese servicio.

Estas son las cifras en las comandancias, el cuartel donde se ubica el mando de cada provincia. Los números empeoran cuando se trata de núcleos de población de menor tamaño. Los Emumes se ubican solo en las capitales de provincia, de tal modo que muchos de los casos llegan a los puestos de la Guardia Civil ubicados en contextos rurales o a las denominadas Viogen. En estas unidades son «guardia civiles de a pie» quienes se encargan de hacer el seguimiento de las denuncias y órdenes de protección, «agentes que no tienen ningún tipo de formación específica», explican desde la asociación de la Benemérita.

A eso se le une además que estas unidades están formadas como mucho por un par de agentes en las poblaciones más grandes, en el resto, en los denominados puestos ordinarios, es un agente el que lleva ya sea casos de violencia machista como de cualquier otro tipo.

De este modo, un guardia de una población como Tavernes de la Valldigna, por ejemplo, lleva más de 70 casos. Otras más grandes como Xàtiva pueden tener hasta 100 mujeres a las que atender. Además, en el caso de la Comandancia de Valencia fuentes de AUGC señalan que no se tiene acceso al programa Viogen, que es esencial «para cesar señalamientos policiales».

En la provincia de Alicante, la cifra más alarmante es la de Callosa del Segura, donde un solo agente lleva 150 denuncias y 130 seguimientos al año, según fuentes de AUGC. En Torrevieja, dos agentes coordinados con dos de la Policía Local llevan más de 339 víctimas activas. Realizan el seguimiento de unas 180 al mes. A lo largo del año se atienden a cerca de 1.700 víctimas.

En Castelló la historia se repite. Poblaciones como Oropesa, Benicàssim, Burriana o Vinaròs un solo guardia civil coordina una media de 30 órdenes de protección.

Desde la Asociación Unificada critican varios aspectos, entre ellos el más «elemental»: que los Emumes engloben tanto la violencia contra la mujer como contra los menores, «metiéndolos en el mismo saco. Hace falta unidades con dedicación exclusiva en esta materia», explicaron.

Además, señalan que las Emumes solo trabajan en «casos extremos», de tal modo que la mayor parte de los casos son derivados a puestos de la Guardia Civil ubicados en contextos rurales, donde según AUGC, es personal «que no reúne la formación ni la dedicación que exige la normativa en materia policial» sobre violencia machista.