08 de septiembre de 2015
08.09.2015

Claroscuros de la transparencia

08.09.2015 | 04:15

La transparencia en la gestión política es una de las reivindicaciones que la ciudadanía ha reclamado con mayor insistencia, en las movilizaciones de los últimos años. Hoy todos los partidos prometen aplicar la transparencia en la gestión de gobierno.
La falta de transparencia del Consell que dejó el Gobierno el pasado mes de junio le ha valido 34 sentencias condenatorias, por denegar información a los diputados de la oposición, referida a la acción de gobierno, que necesitaban para controlar al ejecutivo. Así es que por estas tierras, el campeón de la falta de transparencia, por goleada, es el PPCV. A los actuales gobernantes no consta ni siquiera que se les haya demandado por falta de trasparencia.

No creo que los nuevos gobernantes del Consell hayan hecho motivos para que sus votantes se sientan decepcionados. Sin embargo, como en todo, sí que creo que hay aspectos mejorables. El que más llama la atención es el de la transparencia. Pero no referida a facilitar información, sino en el nombramiento de los altos cargos públicos. Resulta que la designación de cargos públicos del gobierno central, formado por los conservadores del PP, es más transparente y tiene mayores garantías de acertar en la idoneidad de la persona designada que la designación de altos cargos por el Consell de la Generalitat Valenciana para dirigir la administración autonómica. Ello es así porque el pasado mes de marzo el Gobierno Central aprobaba la ley «reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».
La citada Ley, entre otras cosas, establece que un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas de constatada competencia personal y profesional previa. Introduce la novedad de tener que acreditar «la idoneidad como requisito para el nombramiento de los altos cargos, tomando como referencia los criterios de mérito y capacidad así como los de honorabilidad». Así es que dispone: «Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar». Dicho de otro modo, antes de designar un alto cargo, quien le nombra debe justificar que se trata de una persona idónea para las funciones que se le encomiendan, porque así se puede deducir de su trayectoria académica y profesional. Así las cosas, la confianza de quien designa y propone no es suficiente para ocupar un alto cargo, como ocurre en la administración de la Generalitat Valenciana, ya que el Gobierno Central necesita previamente acreditar el mérito, la capacidad y honorabilidad de la persona designada. Por ello, en la designación de altos cargos, del gobierno presidido por el PP se aplica mayor transparencia de la que aplica el Consell de la Generalitat Valenciana, formado por partidos progresistas que tienen como bandera la transparencia en su gestión hasta el punto de crear una Consellería de Transparencia.

Alguien podrá pensar que la Ley puede decir lo que quiera, pero se acaba nombrando a quien se quiere. Ello puede ser cierto. Pero si hay algún nombramiento de un alto cargo de la Generalitat Valenciana que no pueda acreditar experiencia profesional y conocimientos académicos referidos en la materia del cargo que van a desempeñar, si le fuera aplicable la legislación de la Administración General del Estado, el nombramiento sería recurrible ante los tribunales y estos, a mi entender, deberían anularlo. Lo más llamativo del nuevo Consell es que ese supuesto se da en la Dirección General de Transparencia que depende del conseller de Transparencia.
Pienso que aunque la legislación valenciana no lo exija, y los nuevos gobernantes no hayan tenido tiempo de legislar tomando medidas de transparencia, en la designación de altos cargos, al menos la Consellería de Transparencia, debería aplicar los criterios de transparencia de la ley de la Administración del Estado, mostrando así no ser menos trasparente que el gobierno conservador presidido por Rajoy.

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