La transparencia en la gestión, una de las banderas del nuevo Consell, no lleva camino de implantarse de forma pacífica. De hecho, está generando fricciones en el seno de la Administración valenciana a la que se le agota el tiempo para cumplir una ley que, paradójicamente dejó en herencia el Ejecutivo de Fabra. A menos de un mes de que le Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia,Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana entre en vigor, sólo tres de los 86 altos cargos de la Generalitat han difundido a través del portal de transparencia su declaración de bienes y actividades. Todo ellos pertenecen al departamento que dirige Manuel Alcaraz.
Se trata del propio conseller; del subsecretario, Alfonso Puncel y de la directora general de Transparencia, Aitana Joanna Mas. Estos cargos han facilitado información sobre su patrimonio, sus actividades y dos de ellos, han incluido la declaración de renta. La información, no obstante, no está disponible para los otros tres altos cargos que completan el organigrama de una conselleria cuya razón de ser es la lucha contra la opacidad.
La difusión de esta información, circunscrita hasta ahora a Transparencia, tiene enjundia. Con este paso, el conseller pone en evidencia al resto de altos cargos, en especial al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al resto de consellers, que todavía no han aireado esta información. De hecho, sobre Puig, la vicepresidenta Oltra y el resto del Consell la única información disponible es el decreto de su nombramiento. Y el tiempo se les agota. Según la ley de Transparencia aprobada en abril, el próximo día 8 de octubre debería darse cumplimiento a las toda una serie de exigencias de transparencia que afectan a los altos cargos. Así, según la ley todos estos ellos (la ley incluye también a los directivos de la empresas públicas y las instituciones de autogobierno) deben proporcionar información relativa a las funciones y su trayectoria profesional, incluyendo la reproducción gráfica de los títulos académicos y acreditaciones de su currículo. Se les pide también un registro de los obsequios recibidos, la declaración de bienes, actividades y derechos patrimonial o los viajes.
Al margen de esta ley, y por normativa interna los altos cargos están obligados a presentar su declaración de bienes en el registro de altos cargos de la Generalitat. Tiene tres meses de plazo desde que son nombrados o cesados. Los nuevos consellers tienen el límite el 29 de septiembre y para el resto de altos cargos hay algo más de margen en función de cuando fueran designados. Hasta ahora este registro no era público, pero a partir de ahora, según la ley esta información debe difundirse. Y es aquí donde no hay acuerdo. Varias conselleries, incluida Presidencia de la Generalitat, no tienen claro qué datos deben publicarse y cuáles no, ya que, apuntan, la ley no es precisa a este respecto. Existe además el temor a que el derecho a la transparencia entre en colisión con la ley de protección de datos. De hecho, muchos cargos están poniendo reparos en facilitar ciertos datos por cuestiones de seguridad. Desde Transparencia se asegura que los datos personales serán borrados, pero el destape inicial que hizo Alcaraz el pasado viernes incluía datos privados como el DNI o la dirección de su domicilio. Así que el paso dado por Transparencia lejos de animar a sus compañeros, ha disparado las alarmas.
El qué, el quién, el cómo y el dónde están sin resolver
Sobre la ley de transparencia y su repercusión en los altos cargos sólo existe la certeza de su entrada em vigor el día 8 de octubre cuando se cumplen seis meses de su publicación. Aunque el departamento de Transparencia asegura tenerlo claro, fuentes de Presidencia admiten que es necesario mantener una reunión en la que se aclare qué tipo de información se va a dar e incluso si la difusión de los datos sobre el patrimonio debe hacerse mientras que uno es alto cargo o solamente cuando ha cesado. Tampoco el quién está cerrado, ya que aunque las competencias son de Transparencia, la web depende de Presidencia. Las dudas afectan a la persona que debe custodiar los documentos y velar por su confidencialidad.
