El Consell de Alberto Fabra dejó en herencia al bipartito un caramelo envenenado: la ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, una norma que busca poner fin a la opacidad en la gestión y que en menos de un mes estará plenamente vigente. La aplicación de esta ley, con más de cuarenta puntos solamente en relación con la actividad pública, trae de cabeza al departamento que dirige Manuel Alcaraz.
Hasta ahora los focos han estado puestos en los altos cargos, quienes, a partir del día 8 de octubre (el Consell habla del día 9 como fecha de entrada en vigor por la carga simbólica de esta jornada) tendrán la obligación de desnudarse ante la ciudadanía, mostrando sus rentas, actividades y bienes y de rendir cuentas sobre los obsequios que reciban o sus viajes a cuenta del erario público. Ahora bien, pese al interés que despiertan estos datos, la información relativa a los gestores, es casi una anécdota si se compara con la magnitud del resto de aspectos que la Generalitat, así como su sector público y las instituciones de autogobierno tendrán que difundir dentro de cuatro semanas.
El artículo 9 recoge de forma exhaustiva qué aspectos de la gestión deberán salir a la luz a partir del día 8 de octubre (en el caso de la Generalitat, a través del Portal de Transparencia). Aunque algunos datos ya eran de acceso público o se remitían periódicamente a las Corts, otros muchos se han guardado durante años entre las paredes de las conselleries. La ley recoge cinco grandes apartados (información económica, jurídica, institucional, de altos cargos y relativa a Urbanismo) y a partir de ahí desgrana una serie de puntos de obligado cumplimiento.
Texto íntegro
Así, la Generalitat deberá hacer públicos todos los contratos detallando incluso las subcontrataciones. Además, se difundirán encomiendas de gestión con «su texto íntegro», el plus de la vivienda de altos cargos, los gastos de caja fija desagregados por centros directivos, la campañas de publicidad o encuestas y estudios de opinión. El nuevo Consell tendrá también que sacar a la luz circulares internas, informes jurídicos así como toda la relación de puestos de trabajo, incluido los asesores.
Además, la espada de Damocles de la transparencia que tiene encima el Consell de Puig no sólo es en una cuestión de obligación moral. La ley recoge un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Son responsables, además, de la administración, los altos cargos, que podrían ser despedidos o inhabilitados.
