09 de septiembre de 2015
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Sanidad no tolerará "amenazas" del Gobierno por la cobertura a irregulares

Las Corts convalidan el acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes aprobado por el Consell

09.09.2015 | 16:48
Las Corts convalidan el acceso universal a la tarjeta sanitaria para inmigrantes aprobado por el Consell
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Así ha sido el primer día de curso en las Corts.

El pleno de las Corts Valencianes ha convalidado en su primera sesión tras el periodo vacacional el decreto ley aprobado por el Consell en julio por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat, al que ya se han acogido 2.800 inmigrantes en situación irregular pero empadronadas desde hace más de tres meses en la región, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos. Además, el Gobierno valenciano ha advertido ante la Cámara de que no va a "tolerar amenazas" del Gobierno central en relación a la supuesta inconstitucionalidad de esta medida.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha sido la encargada de defender el decreto ante la Cámara y en su intervención ha mostrado su "orgullo" por presentar esta propuesta que demuestra que tras 20 años de gobiernos del PP ahora se está comenzando a "hacer las cosas distintas" demostrando que "no hay ciudadanos de primera y de segunda" y devolviendo a la sociedad valenciana "una parte de la dignidad que se nos ha querido arrebatar".

Montón ha recalcado que "las enfermedades no entienden de fronteras ni de carnes de identidad" y ha censurado que hace tres años, con el Real Decreto 16/2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "recortó el derecho" a la sanidad universal, una medida que ha calificado de "cruel, amparándose en un presunto ahorro económico" a costa de "dejar de lado a las personas más vulnerables". Asimismo, ha apuntado que ese ahorro "jamás fue avalado" porque este recorte supone "el aumento del uso de urgencias con dolencias más avanzadas" y una atención más cara.

Esta medida afectó, según ha detallado, a 127.000 personas. Además, la consellera ha subrayado que pese a que se dijo que se garantizaría la atención a embarazadas y niños, al llegar a la Conselleria se han encontrado con que a estos colectivos "se les ha llegado a facturar por la atención", como un caso documentado del cobro de una consulta de neonatología.

"La política del miedo y la amenaza"
Por otra parte, la consellera, que ha valorado que en este caso el Gobierno valenciano "ha sido referencia en España ya no por nuevos casos de corrupción, sino por defender derechos" y va a seguir exigiendo que se derogue el Real Decreto del Gobierno de Rajoy que en 2012 limitó la asistencia sanitaria.

Ahora, ha añadido Montón, la "última ocurrencia" del Ejecutivo central es un documento de trabajo para regular la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares en España, con "condiciones tan restrictivas que dejan fuera a la mayoría de potenciales usuarios", como lo hiciera también el Programa Valenciano de Protección de la Salud, ha incidido.

Por ello, el Consell "no va a entrar en el mercadeo del Gobierno" y tampoco va a "tolerar amenazas" en relación a la supuesta inconstitucionalidad del decreto autonómico o la amenaza de multas de la Unión Europea porque, ha continuado Montón, en la redacción de este decreto se tuvo en cuenta la postura del Tribunal Constitucional en casos como los de Navarra y País Vasco, en los que estimó que "había que garantizar el derecho a la salud e integridad física" por encima de intereses económicos.

En relación a Europa, ha indicado que "para multas catastróficas la de la UE para castigar la mala costumbre del Gobierno del PP de ocultar durante años las facturas de Sanidad" y ha agregado que el Consejo de Europa ya ha manifestado que la crisis "no puede ser pretexto para negar la sanidad", por lo que ha criticado que el Gobierno de Rajoy use "la política del miedo y la amenaza" en esta cuestión.

"El Gobierno del cuento de la lechera"
La portavoz adjunta del PP María José Catalá ha asegurado durante su intervención que su grupo no votaría en contra de este decreto, aunque ha querido dejar claro que "nadie se ha quedado sin prestación sanitaria" en la región porque la sanidad "ha existido antes de que Puig y Montón llegaran al Gobierno". Además, ha recordado que 8.000 personas se acogieron al Programa Valencia de Protección de la Salud, frente a las más de 2.000 de esta medida.

Catalá ha reclamado al Consell que "no vaya por libre" y colabore en la armonización del sistema a nivel nacional, en el Consejo Interterritorial, para que todos los extranjeros tengan la misma atención en todas las comunidades. "¿O es que los demás no les importan?", se ha preguntado, al tiempo que les ha acusado de ser "parcialmente solidarios" al exigir un mínimo de tres meses de empadronamiento.

Además, ha considerado que este decreto, "no consensuado con el principal grupo de la oposición", supone "una injerencia clara en las competencias del Estado", que es el que define los beneficiarios del sistema de salud, y le ha acusado de haberlo aprobado "a sabiendas" de esa inconstitucionalidad. "Han pasado del Gobierno del Pacto del Botánico al Gobierno del cuento de la lechera", de "los incumplimientos y castillos en el aire", y sino "que se lo digan a los señores de Canal 9", ha apuntado.

"Recuperamos la dignidad"
Desde el resto de grupos, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha celebrado que con esta medida "recuperamos la dignidad y la humanidad" frente a las "políticas vergonzosas, xenófobas y mercantilistas del PP", en tanto que el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha criticado el modelo sanitario del PP, que es "injusto y vulnera los estándares internacionales de derechos humanos".

Por su parte, Juan Ginés Córdoba, diputado de Ciudadanos, ha anunciado el sí a la convalidación de un decreto de "justicia social" pero ha lamentado la "improvisación y precipitación" en la tramitación, que ha provocado que en el texto haya "aspectos cuestionables".

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