En Imelsa, como en el país de Nunca Jamás, no hay límites para la imaginación. La gestión y contratación de esa empresa pública provincial entre 2007 y 2014 „en manos del entonces gerente Marcos Benavent„ está siendo investigada en una de las siete piezas del caso Rus. Los nuevos gestores se han propuesto acometer una limpieza de la empresa, auditar cuentas pasadas y ajustar la plantilla a través del despido de quienes están en nómina de la mercantil sin desarrollar ninguna tarea en la misma.
Entre los contratiempos con los que han tropezado está un litigio con el exgerente, Rafael Soler, quien llegó a la empresa en enero de 2015, tras la salida precipitada de Benavent, quien hizo un supuesto uso ilegal del cargo que vino a reconocer. Soler es actualmente diputado provincial del PP. Antes de tomar posesión del acta pidió la «excedencia forzosa» de su plaza de gerente para acceder al cargo público. El exdiputado de personal, Rafael Pérez, firmó esa solicitud como consejero delegado de la sociedad.
El propio interesado explicó a este diario que su plaza de gerente tenía condición de puesto laboral, extremo confirmado por el nuevo equipo directivo de la mercantil de las brigadas forestales. «Tenía un contrato laboral de alta dirección como gerente«, explicaron fuentes de la diputación, que consideran «surrealista» que Soler «se creara una plaza de laboral». Una vez ya en su puesto de diputado el consejo de administración de la sociedad pública aprobó, con los únicos votos en contra del PP, la destitución del ex gerente. El ex máximo responsable de Imelsa invoca ahora el Estatuto de los Trabajadores para reclamar su derecho a una indemnización por despido improcedente dado que se produjo mientras estaba en excedencia. Le corresponderían, según contrato, 18.000 euros. Una cantidad que equivale al salario bruto de tres meses. La extinción de su contrato, defiende Rafael Soler ante Imelsa, solamente podía producirse a coste cero si se le daba el preaviso del cese con tres meses de antelación, un extremo que no se ha producido.
En el acta del consejo de administración en el que se produjo el cese se hace constar que se da el preaviso al gerente destituido Rafael Soler, según informaron fuentes provinciales. Una anotación que carece de sentido dado que Soler ya no estaba ejerciendo como gerente y la excedencia estaba vigente, explican las mismas fuentes. El nuevo responsable de la empresa provincial, José Ramón Tíller, ordenó, con todo, que no se le indemnizara con los 18.000 euros y Soler prepara ahora su recurso a los tribunales. El conflicto acaba de empezar.
