El alto cargo de Adif detenido en Valencia en noviembre de 2014 por formar de una trama corrupta de sobornos a funcionarios, Pedro M. P., recibió en 2007 «la suma de 20.000 euros, en concepto de dádivas por la adjudicación de un contrato». El soborno a este funcionario forma parte del conocido como «caso Madeja» una trama corrupta de sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos que acumula 96 imputados y que comenzó a investigar la juez sevillana Mercedes Alaya.

Al implicar a instituciones de varias comunidades autónomas el caso ha recalado en la Audiencia Nacional, donde el juez José de la Mata aceptó el martes la competencia para investigar el caso Madeja, después de que la jueza se inhibiera a favor de ese tribunal.

En un auto de 108 páginas, De la Mata asume la investigación porque considera que esta red corrupta ha causado una «grave repercusión» a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma y destaca que conlleva una «compleja instrucción», derivada del elevado número de personas involucradas.

El caso investiga comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos en instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.

En el caso del alto cargo de Adif detenido en Valencia, la empresa Fitonovo SL pagó a este trabajador 20.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato, el 16 de julio de 2007. Un pago que la investigación judicial ha podido acreditar porque aparece en «los archivos de la caja B de Fitonovo y en un recibo de pago de la misma fecha firmado por otro imputado», según el auto de la Audiencia Nacional.

Fitonovo lograba contratos con las administraciones mediante el pago de comisiones en efectivo y regalos a funcionarios o políticos (de EU, PP y PSOE), como coches, caballos, viajes, móviles, cámaras y ordenadores. En alguna ocasión llegó a pagar las obras de remodelación de sus casas o servicios de limpieza en sus hogares. El pago de comisiones, por un valor de 4,3 millones de euros, se remonta a 1995 y duró hasta 2013.