10 de septiembre de 2015
10.09.2015

El PP reclama ahora sanidad sin límites para los irregulares

Las Corts convalidan la atención sanitaria universal con la única abstención de los populares, que alegan que el texto invade competencias estatales pero piden quitar la exigencia de tres meses de empadronamiento

10.09.2015 | 01:11
El PP reclama ahora sanidad sin límites para los irregulares

Primer pleno de la legislatura de los de ponerse el mono de faena y primer sapo político. Es el que tuvo que engullir figuradamente ayer la exportavoz del Consell y portavoz adjunta del PP, María José Catalá, en el debate de la convalidación del decreto ley del nuevo Ejecutivo para garantizar la atención universal gratuita a los inmigrantes irregulares que acrediten tres meses de empadronamiento. El texto recibió el refrendo de la Cámara sin ningún voto en contra, ya que todos los grupos votaron a favor, salvo el PP, que se abstuvo. Pero, no porque tenga dudas sobre la sanidad para los irregulares „que cuestionaba, en línea con el Gobierno de Rajoy, quien los excluyó del sistema en 2012„, sino porque, en su opinión, el texto es «claramente inconstitucional» al «invadir» competencias del Estado. Un argumento que, esgrimido con solvencia desde la tribuna, sirvió a Catalá para eludir ayer lo que habría sido un triple salto mortal: pasar en unos meses de avalar la exclusión a defender la sanidad sin cortapisas para todos.

Máxime a la vista de que el propio Rajoy, «en vísperas de unas elecciones generales», como recriminó ayer la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha trasladado a las comunidades una propuesta para reconducir la exclusión. Si a eso se añade la crisis de los refugiados, el guión de la sesión de ayer está escrito. Catalá, quien dijo que el PP «está a favor» de la atención a los inmigrantes irregulares, recriminó a los partidos del Consell que, «si son tan solidarios y tan universales, ¿por qué han puesto los tres meses de empadronamiento?». «¿Por qué no dos? ¿O uno?», inquirió, para defender la eliminación de este requisito, «como sí hicieron sus compañeros en Canarias».

«El cuento de la lechera» y Canal 9
«Ustedes son mestizos en la universalidad», les afeó, para advertirles que el PP no permitirá que el Consell «genere falsas expectativas y luego ponga cortapisas a la universalidad sanitaria y la solidaridad». «Van a pasar del Gobierno del pacto del Botánico al Gobierno del cuento de la lechera y si no, que se lo digan a los señores de Canal 9», remató, para defender que la consellera tendría que haber llevado su propuesta, la «solución Montón», al Consejo Interterritorial de Sanidad para «colaborar» en una decisión nacional «y no ir por libre».

Montón, quien intervino al inicio para presentar la ley, pronunció un discurso durísimo contra el Gobierno de Rajoy, al que censuró su «cruel e indecente» medida de dejar sin sanidad a los irregulares. «Las enfermedades no entienden de fronteras ni de carnés de identidad», proclamó. La consellera enfatizó que no va a «tolerar amenazas» del Ejecutivo de Rajoy sobre la supuesta inconstitucionalidad de la medida o el anuncio de multas de la UE. Y dejó claro que, ante la «última ocurrencia» de Madrid, la propuesta que les ha remitido para extender la sanidad a los irregulares «con condiciones tan restrictivas que dejan fuera a la mayoría de potenciales usuarios», la Generalitat «no va a entrar en el mercadeo [de inmigrantes] que le propone el ministerio». Es un planteamiento similar, sostuvo, al Programa Valenciano de Protección de la Salud ideado por el Consell de Fabra para aliviar la exclusión impuesta por Rajoy. A su juicio, era tan restrictivo que en dos años solo permitió incorporar al 5 % de las personas excluidas, unos 127.000 inmigrantes. En cambio, en un mes ya se han acogido a la ley 2.800 inmigrantes. Catalá defendió que el plan del PP llegó a 8.000 beneficiarios.

Isaura Navarro (Compromís) criticó las políticas «xenófobas y mercantilistas» del PP; Antonio Montiel (Podemos) censuró el modelo sanitario «injusto» de los populares; e Ignacio Subías (PSPV) mostró el «orgullo» ante una ley para «devolver derechos». Juan Córdoba (Ciudadanos), pese al sí, lamentó la «improvisación y precipitación» en la tramitación, que ha provocado que haya «aspectos cuestionables».

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