El buque insignia de la diputación, Imelsa, es una empresa pública con una plantilla en la que la vocación de servicio público sobresale por encima de la media. Las pasadas elecciones autonómicas y municipales acreditaron el compromiso político de ese colectivo en una cita con las urnas que se presentaba como crucial, y que a la postre lo fue, ante la posibilidad de vuelvo electoral en las instituciones valencianas, gobernadas mayoritariamente por el PP. Al menos 68 personas fueron candidatas el 24 de mayo, según indicaron fuentes de la diputación.
La inmensa mayoría disfrutaron de un permiso retribuido de 15 días para poder dedicarse, si así lo deseaban, a trabajar activamente en la campaña electoral. La legislación permita a los funcionarios públicos que son candidatos tomarse esos 15 días sin dejar de cobrar el sueldo público. El decreto 421/1991 y el artículo 30.2 de la ley 3/1984 de Medidas de Reforma de la Función Pública reconoce ese derecho. Con todo, fuentes provinciales indicaron que ese permiso sin dejar de cobrar el salario se contempla para los funcionarios, mientras que el personal de Imelsa es laboral. La inmensa mayoría de los que se enrolaron en listas electorales se apuntaron a candidaturas del PP, aunque también los hubo en las formaciones de izquierda.
No todos los aspirantes a una acta de diputado o de concejal se tomaron el permiso para la campaña —era el pretexto oficial— en las dos semanas anteriores a los comicios. Nueve de los empleados con vocación política se enteraron después de celebradas las elecciones de que, funcionarios o no, compañeros suyos habían disfrutado del permiso. Y lo solicitaron a posteriori. Esto es, pidieron vacaciones para pegar carteles, protagonizar mítines, montar actos o agitar las redes sociales cuando sus partidos estaban ya de retirada del poder o embarcados en una negociación para formar nuevo gobierno.
Imelsa cuenta, como avanzó este diario, con casi 800 empleados, de los que unos 550 son brigadistas forestales. La empresa cuyas contrataciones y gestión del exgerente Marcos Benavent están siendo investigadas en el juzgado ha servido desde hace años como pesebre político y de algunos sindicatos. El actual equipo gerente está estudiando el despido sin indemnización de buena parte de quienes accedieron a su puesto de trabajo sin pruebas de selección y cuyo contrato tiene cláusula de blindaje.
