Los presupuestos de la Generalitat para 2016, los primeros del Ejecutivo de Ximo Puig, estarán condicionados por las dificultades financieras y los objetivos de déficits marcados por el Gobierno central, de tal manera que el margen del nuevo Consell será muy estrecho. Tal es así que la Conselleria de Hacienda ha cambiado las reglas de elaboración de los presupuestos para garantizar que al menos se cubre «un nivel mínimo de servicios». Así, este gasto social será el primero en consignarse y, en una segunda fase, se incluirían el resto de gastos necesarios para obtener un buen funcionamiento de los servicios. Eso sí, cada conselleria deberá especificar los objetivos de cada programa para justificar el gasto.
Esta es una de las principales novedades que recoge la orden del conseller de Hacienda y Modelo Económico por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2016, y que ayer fue publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El equipo que dirige Vicent Soler, que aterrizó en la conselleria hace menos de dos meses, trabaja a contrareloj para elaborar unas cuentas que deberían cerrarse con un déficit del 0,3%, un objetivo inalcanzable al que, como ha sido habitual en la etapa popular, sólo puede alcanzarse a base de incluir ingresos de dudoso cobro. Hacienda ya ha avanzado que a la hora de hacer los presupuestos incorporará su reclamación de un nuevo modelo de financiación que, según sus cuentas, debe proporcionar a la Comunitat Valenciana una inyeccción extra de más de 1.000 millones de euros. Cabe apuntar, además, que las próximas cuentas deberán incluir el programa social del bipartito que pasa, entre otras cuestiones, por incrementar la atención sociosanitaria a amplias capas de la población.
Así, según las directrices publicadas el Consell hará una asignación de los recursos disponibles dando prioridad al cambio de modelo productivo, la creación de empleo, la prestación de las políticas educativas, sanitarias y sociales, además de la lucha contra la exclusión social y la potenciación de políticas de integración. El texto recoge también la necesidad de compaginar políticas para reactivar la economía con «avanzar» en la senda de consolidación fiscal.
No sólo las conselleries tendrán que ajustarse a objetivos. La norma incluye la obligación del sector público instrumental a revisar y ajustar los objetivos que tienen que alcanzar, los recursos disponibles.
