13 de septiembre de 2015
13.09.2015

La eterna olvidada

España tiene por costumbre postergar reformas inaplazables. Una de las eternas olvidadas es la reforma de la ley electoral

13.09.2015 | 00:44

Todo el mundo sabe que fue producto de las tensiones que vivía nuestra sociedad durante la Transición. Sin embargo actualmente habría que corregir algunos de los desequilibrios que provoca.

Tiene como principales inconvenientes por un lado, premiar de manera injustificada a los partidos mayoritarios y por otro, asignar una representación más nutrida de la que les correspondería a los partidos nacionalistas.

El «bonus» que hace que los escaños les cuesten muchos menos votos a los grandes partidos fue una decisión meditada en el 78. Ante la inestabilidad política, se optó por una ley de D´hont que favoreciera el bipartidismo. Por mucho que digan lo contrario, ¿cómo van a querer cambiar algo que les da ventaja el PP y el PSOE? A nadie le gusta hacerse el «harakiri».

Un sistema más proporcional supondría obtener mayorías más ajustadas, tener que pactar y recabar más apoyos para poder gobernar. Es tanto más fácil el rodillo de la mayoría absoluta. El «quítate tú, que me pongo yo» les ha permitido alternarse en el poder durante las últimas décadas; entiendo que no tengan ganas de perjudicarse en vano.

La otra gran injusticia de nuestra ley electoral es la sobre representación de los partidos nacionalistas. El coste en términos de votos de «un solo escaño» en el Congreso para Ciudadanos o UPyD sería de más de 220.000 votos; en cambio para un partido nacionalista como Nafarroa Bai de tan solo 42.000. Llegamos a situaciones que rozan el esperpento político cuando con 126.000 votos más que CIU, UpyD no consigue más que cinco diputados y en cambio, a los nacionalistas catalanes les llueven del cielo dieciséis representantes.

Esto ocurre porque la fórmula de D´hont penaliza a partidos de ámbito nacional que no alcanzan elevadas concentraciones de voto en las circunscripciones. Una vez más PP y PSOE han sido los principales beneficiarios de la promoción del nacionalismo. Una simbiosis útil para los dos bandos. Unos conseguían privilegios territoriales a cambio de apuntalar gobiernos de la nación, y otros evitaban tener que pactar con quién pudiera hacerles sombra.

Ningún partido de ámbito autonómico puede convertirse en adversario electoral de los dos grandes partidos españoles. Formaciones de ámbito nacional como Ciudadanos, UpyD o incluso en su día UCD, son socios más incómodos porque pueden arrebatar electorado que se considera propio.

Son los dos grandes partidos los principales interesados en mantener las cosas como están. Ciudadanos puede y debe jugar un papel fundamental para forzar el cambio e imponer esta reforma (tanto a nivel nacional como autonómico), como una de las condiciones ineludibles para el diálogo con nuestra formación. No es cuestión de interés partidista, sino de poner coto a la injusticia. La consecuencia de su aplicación es la discriminación entre españoles en función de si son, o no, nacionalistas. Asimismo resulta escandalosa porque favorece los intereses de unos partidos políticos frente a otros.

La única solución para contrarrestar este desafuero es dejar de discriminar por motivo de ideología o lugar de residencia. Volver a poner en el centro a la persona, al ciudadano, en lugar de al territorio y al partido. Que valga lo mismo el voto de un ciudadano catalán, que el de uno madrileño. Que valga lo mismo el voto de un señor que decide optar por el bipartidismo, que el que se resuelve a dar una oportunidad a partidos como el nuestro, que quieren cambiar la forma de hacer política.

En definitiva, que nadie sea más que nadie. Un hombre, una mujer... un voto.

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