Esta mañana han declarado tres de los cuatro imputados por el presunto fraude en las ayudas de formación de la Generalitat. El juzgado de Instrucción número 1 de Nules investiga a la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) y a la autonómica Cierval por el cobro de cursos de formación para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros.

Según fuentes del TSJ, han declarado un director de las empresas de formación denunciada, que se ha acogido a su derecho a no declarar; un representante de Cierval, que sí ha declarado; y un representante de la CEC, que también ha declarado. El cuarto citado no ha acudido porque no ha sido localizado, se oficiará para que se averigue su domicilio.

El Consell de Alberto Fabra inició las investigaciones sobre este presunto fraude después de que la Agencia Tributaria les alertara en 2013 de que dos empresas que habían hecho cursos para la CEC en 2009 y 2010 no disponían de empleados ni de recursos para ello. Pese a que en 2011 el Servef había pagado a la patronal valenciana por estos cursos, posteriormente rectificó y solicitó el reintegro de 478.579,84 euros (los 418.700 euros de la subvención más 58.879 euros de intereses de demora). La CEC pagó pero el Servef continuó con la pesquisas y acabó presentando una denuncia ante la Fiscalía, que la derivó a la oficina delegada de Anticorrupción que presentó una denuncia ante el juzgado de Nules que ya ha empezado sus pesquisas y hoy ha interrogado a tres personas.

No debió convencer en exceso la versión de la CEC cuando, además de la denuncia, los técnicos del Servef comenzaron a fiscalizar otra vez los 3,2 millones de ayudas que la patronal castellonense recibió de la Generalitat. El protocolo que dejó el anterior equipo debería haber sido seguido por la actual dirección, aunque el tema se está llevando con mucho sigilo, ya que alegan desde el Servef que los hechos están siendo investigados por un juez.