Ángel Alcaide es un vecino de Turís de 45 años, casado y con dos hijos, a quien persigue el mal fario desde hace unos años. Espera desde hace un año la respuesta del Gobierno a su petición de indulto para evitar cumplir seis meses de prisión por incumplir la conmutación de esta pena por trabajos para la comunidad. Pero debido a un cúmulo de situaciones de «mala suerte», como él y su abogado definen su historia, pueden acabar con sus huesos en la cárcel durante medio año, cuando su familia depende económicamente de él.

Ángel tuvo dos condenas judiciales seguidas por conducir sin carné y falso testimonio al declarar como testigo en un juicio «para ayudar a un familiar de mi mujer». En esta segunda condena es en la que se le imponen seis meses de cárcel, conmutable por trabajos en beneficio de la comunidad, según una sentencia del juzgado de lo penal número 9, dictada en 2012.

Pero cuando debía realizar esos trabajos, «como barrendero o en la comunidad religiosa a la que pertenezco, sufrí un accidente en el hombro que me impidió cumplir la medida». El día que acudió al juzgado para comunicar su incapacidad mediante toda la documentación, asegura que «estaba tan nervioso que perdí el DNI y la citación que me dieron en mano para que volviera a comparecer en el juzgado en junio de 2014».

Pasan los meses y Ángel no vuelve a comparecer en el juzgado para comunicar que su problema en el hombro se ha resuelto o para interesarse por su situación procesal.

Un «olvido», como él mismo lo define, que el juzgado interpreta «como una deliberada rebeldía», explica su abogado, por lo que el juzgado reactiva la ejecución de la condena de seis meses de cárcel, aunque su abogado solicita el indulto al Gobierno. Ángel insiste que su intención nunca fue desobedecer al juzgado, que no era consciente de haber perdido la citación que debieron entregarle en mano en el juzgado el mismo día que extravió su DNI y que tampoco recibió ningún nuevo aviso del juzgado para que volviera a comparecer.

Ahora está dispuesto a cumplir los seis meses de trabajos para la comunidad o «pagar la multa fraccionada de 1.800 euros, pero no querría entrar en la cárcel. Mi familia me necesita», explica Ángel, que subsiste con su pensión y recogiendo chatarra «para salir adelante con mi mujer y mis dos hijos».

Pero el juzgado ya no atiende a más razones y el juzgado de lo penal número 5 de Valencia ha dictado un auto de ejecución de sentencia que le obliga a ingresar en prisión el próximo 18 de septiembre. Sus amistades y miembros de la comunidad religiosa a la que pertenece se han movilizado y han recogido firmas a su favor, además de avalar su integración y buena conducta, para evitar su ingreso en prisión. «Estoy resignado y si tengo que entrar en la cárcel entraré, pero no pierdo la esperanza de que al conocerse mi situación se produzca un milagro en forma de estimación de mi petición de indulto» o que le dejaran realizar los seis meses de trabajo en beneficio de la comunidad.