El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules interrogó ayer a tres de los cuatro imputados en el presunto fraude de ayudas a la formación de la Generalitat que habrían cometido las patronales castellonense y autonómica. El juez investiga a la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) y a la Cierval por el cobro de cursos de seguridad laboral para trabajadores que nunca se habrían realizado por valor de 418.700 euros en los años 2009 y 2010.
El presidente de la CEC, José Roca, defendió ante el juez que las acciones formativas de la patronal que está investigando el juzgado estaban «supervisadas» por técnicos del Servef y pasaron por mecanismos de control a través de una auditoría externa, según fuentes jurídicas.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, ayer declararon un director de las empresas de formación denunciadas, que se acogió a su derecho a no declarar; un representante legal de Cierval, que sí fue interrogado; y un responsable de la CEC, que también tuvo que contestar a las preguntas del juez. El cuarto citado no acudió porque no ha sido localizado y se oficiará una orden para que se averigüe su domicilio actual.
El Consell de Alberto Fabra inició en 2014 una investigación sobre el presunto fraude en las ayudas del Servef para formación después de que la Agencia Tributaria les alertara en 2013 de que dos empresas que habían hecho cursos para la CEC en 2009 y 2010 no disponían de empleados ni de recursos para ello. Pese a que en 2011 el Servef había pagado a la patronal valenciana por estos cursos, posteriormente rectificó y solicitó el reintegro de 478.579,84 euros (los 418.700 euros de la subvención más 58.879 euros de intereses de demora).
La CEC pagó pero el Servef continuó con la pesquisas y acabó presentando una denuncia ante la Fiscalía, que la derivó a la oficina delegada de Anticorrupción que a su vez presentó una denuncia ante el juzgado de Nules que ya ha empezado sus pesquisas y hoy ha interrogado a tres personas.
Investigación por 3,2 millones
No debió convencer en exceso la versión de la CEC que también fue dada ayer ante el juez cuando, además de la denuncia, los técnicos del Servef comenzaron a fiscalizar otra vez los 3,2 millones de ayudas que la patronal castellonense recibió de la Generalitat en el año 2011. El protocolo que dejó el anterior equipo debería haber sido seguido por la actual dirección, aunque el tema se está llevando con mucho sigilo, ya que alegan desde el Servef que los hechos están siendo investigados por un juez. De momento, el juez continúa recabando información de estas acciones formativas.
