El nuevo equipo gestor de la empresa pública provincial Imelsa, que comanda el gerente José Ramón Tíller, no está encontrando facilidades para ejecutar el plan de limpieza y reestructuración de la mercantil, ni tampoco en su cruzada por levantar alfombras y fiscalizar las contrataciones realizadas en la etapa del PP. El convenio colectivo firmado en vísperas de las elecciones impide, en la práctica, la ejecución de cualquier ERE. Comportaría, aseguran desde la diputación, un gasto millonario.
La batalla del nuevo equipo directivo se centra en anular el convenio al entender que está viciado de origen y que se suscribió con algunas irregularidades como no pasar por el consejo de administración de la empresa pública ni por la junta general de la mercantil, conformada únicamente por la diputación. Subrayan esas mismas fuentes que no será fácil dejar sin efecto este acuerdo laboral, dado que no deja de ser un pacto aceptado por las dos partes: el comité, en el que el CSI·F tiene mayoría absoluta, y la empresa, legalmente representada por el exgerente Rafael Soler.
Los nuevos gestores no dejan de ser herederos de la firma estampada por Soler y no pueden, de entrada, desmarcarse de esa gestión. Con todo, «hay grietas en ese acuerdo que abren la vía de la anulación», indicaron a este diario desde la diputación.
