La Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz tiene previsto impulsar el año que viene la reforma de la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular con el objetivo de reducir sustancialmente las firmas necesarias para presentar iniciativas. La actual ley, que data de 1993, regula que son necesarias al menos 50.000 firmas para que los ciudadanos puedan lograr que un proyecto legislativo se debata en las Corts.
El anterior Consell de Alberto Fabra planteó una rebaja a 25.000 firmas, pero el departamento que dirige Manuel Alcaraz se inclina más por hacer suya la enmienda que en su día presentó Compromís en el que se situaba la rebaja a 1o.000 firmas. También se apuesta por el hecho de que la edad mínima se rebaje a 16 años. La reforma de la ILP entra dentro del paquete de reformas normativas que Transparencia quiere plantear en 2016 una vez superado el reto de aplicar la ley de Transparencia. Este instrumento es básico para potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política y es una de las banderas de la izquierda.
Tal como informó en su día Levante-EMV, la pugna entre Transparencia y Justicia por las competencias relativas a ala Participación Ciudadana se saldaron con una solución salomónica. La Conselleria de Justicia regulará las consultas populares, mientras que el departamento de Transparencia se quedará con el negociado de las ILP. Ahora bien, ambos departamentos tendrán que trabajar conjuntamente y colaborar en ambas materias. Así quedará plasmado en los Reglamentos Orgánicos y Funcionales (ROF) de las conselleries, que, salvo cambios de última hora, serán aprobados el próximo viernes por el pleno del Consell. Los reglamentos, imprescindibles para determinar la estructura interna de las conselleries, llevan varias semanas bloqueados por el conflicto competencial entre varias conselleries.
A la pugna entre Transparencia y Justicia se sumó la batalla entre Hacienda y Economía a cuenta del Instituto Valenciano de Finanzas. El última pelea por resolver fue la que mantenía enfrentadas a las conselleries de Medio Ambiente y Agricultura a cuenta de las competencias de las declaraciones de impacto ambiental. Ayer, los funcionarios de Medio Ambiente fueron informados ya formalmente de que Impacto Ambiental se quedará en la Dirección General de Medio Natural.
Impacto ambiental
Bonig (PP): «Un atentado al urbanismo y medio ambiente que llevaremos a la UE»
La síndica del PP en las Corts, Isabel Bonig, censuró ayer que en la «guerra» entre los miembros del Consell «ha vuelto a ganar Compromís», al quedarse Medio Ambiente la competencia de los informes de impacto ambiental, en lugar de estar en Urbanismo. Para Bonig, la decisión es «un atentado a la Ley Urbanística Valenciana y a las directivas europeas», un «retroceso» que se plantea denunciar a la UE porque «de nuevo se separarán el urbanismo y el medio ambiente». j. garcía valencia
