16 de septiembre de 2015
16.09.2015
La reforma del Estatuto de Autonomía

Un parche al Estatut con 10 años de retraso

El Congreso aceptará hoy tramitar la reforma de la Carta valenciana para blindar la inversión del Estado por población sin tiempo de aprobarla, una cláusula que vetó Camps en 2005

16.09.2015 | 13:43
El hoy presidente Ximo Puig (derecha) asistió el 20 de septiembre de 2005 en el Congreso al debate del nuevo Estatut, del que fue ponente.

Una representación de tres diputados de las Corts (el socialista Manuel Mata, el popular Jorge Bellver y Fran Ferri, de Compromís) intervendrá hoy ante el pleno del Congreso de los Diputados para pedir que se acepte la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía que pretende blindar durante un periodo de siete años el que las inversiones del Estado en la Comunitat se correspondan con el peso de la población valenciana (el 10,8 %) en el conjunto de España. La iniciativa, impulsada por Camps como ariete contra Zapatero y aprobada en las Corts en marzo de 2011, ha sido bloqueada durante cuatro años por el PP, que ahora le da luz verde cuando no hay tiempo para su aprobación, toda vez que la Cámara se disolverá a finales de octubre por las elecciones. Hoy se cumplen casi diez años „a falta de cuatro días„ de la toma en consideración de la reforma que alumbró el Estatut actual, el 20 de septiembre de 2005, en una sesión en la que intervinieron los entonces síndics del PP y PSPV, Serafín Castellano y Joan Ignasi Pla.

La cita de hoy es el primer remiendo a un Estatut que nació cojo en la financiación. Utilizado por el PP como ariete contra el Estatuto catalán, el expresidente Camps forzó que fuera la primera carta autonómica en llegar al Congreso y no aceptó de ninguna manera que el texto incorporara una reivindicación de al menos la misma financiación per cápita o cláusulas para lograr más recursos o inversiones.

Sin relación con la cláusula Camps
Después, el Estatuto catalán sí recogió un blindaje de las inversiones por el PIB y, lo que es más sorprendente, la reforma andaluza también, ligada a la población. Ésta última con el voto del PP. Los populares y el Consell de Camps llevaron al Constitucional el blindaje catalán. Y el tribunal dictaminó que esa cláusula podía mantenerse aunque no vinculaba jurídicamente al Gobierno. Sin embargo, sí ataba políticamente. Así, el Ejecutivo de Zapatero respetó las cláusulas estatutarias de varias comunidades mientras la valenciana se quedó, literalmente, con un palmo de narices. Ante ello, y enmedio de la ofensiva contra Zapatero, Camps impulsó la reforma para incorporar la exigencia como una adicional. La iniciativa, en contra de la idea extendida, no tiene nada que ver con la «cláusula Camps», que se refiere solo a acceder a mayores competencias que logren otras regiones, sin saber si se quieren o no.

De este modo, con diez años de retraso llega al Congreso el parche al Estatut de 2006, con muchas dudas sobre su futuro y sobre si, en estos momentos, se respetaría en Madrid. Sería una vía de paliar la infrafinanciación. De acatarse, la Comunitat se garantizaría 1.200 millones anuales en inversión estatal; para 2016 solo hay 879, el 8 %. De la foto de hace diez años apenas quedan supervivientes. Los que participaron ya no están en política: Castellano fue destituido tras su detención en mayo por el caso de las cacerías; Pla renunció en octubre de 2007 como líder socialistas al airearse una acusación (que no llegó a concretarse). En el palco, en cambio, estaba también el actual presidente, Ximo Puig, quien ocupaba lugar preferente al ser uno de los ponentes socialistas del nuevo Estatut.

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