Nuevo varapalo de la Unión Europea a España por el falseamiento del déficit que hizo el Consell durante los gobiernos del PP. Y, lo que es peor, las posibilidades de evitar la multa de casi 19 millones —que el Ejecutivo de Rajoy quiere ahora endosar al Consell de izquierdas— se agotan. Ayer, el Tribunal General de la Unión Europea hizo público el auto por el que rechaza el recurso que presentó el Gobierno central para anular la decisión de la Comisión Europea de abrir una investigación en julio de 2014 sobre la manipulación de estadísticas en España. Un proceso que acabó en una multa de casi 19 millones impuesta por el Consejo Europe por la manipulación de los datos de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, irregularidades cometidas durante 20 años y que sólo se corrigieron en 2012.
El tribunal —en una decisión contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal de Justicia Europeo en el plazo de dos meses, aunque limitado a las cuestiones de Derecho— señala que solo constituyen actos que pueden ser impugnados las medidas que fijan definitivamente la postura de la institución al término del procedimiento. Por ello, España solo puede interponer un recurso contra la decisión lesiva, es decir contra la decisión del Consejo de la UE de imponerle la multa de casi 19 millones, señala la corte con sede en Luxemburgo. En su informe del pasado 7 de mayo sobre la investigación, la Comisión Europea (CE) concluyó que la Intervención General de la Generalitat Valenciana, «incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio del devengo en las cuentas nacionales». De este modo, cargó la responsabilidad en el interventor general de la Generalitat entre 1997 y 2011, Salvador Hernándiz, actualmente trabajando en la Sindicatura de Comptes.
«Completamente ignoradas»
La CE consideró que las recomendaciones de la Sindicatura a la Intervención para que reconociera esas facturas en los cajones «fueron completamente ignoradas» y constató que la Conselleria de Sanidad sí remitía los gastos reales al auditor de la Generalitat. Los datos incorrectos fueron remitidos por el Consell —ya bajo la presidencia de Alberto Fabra— a Madrid. Posteriormente España trasladó a Eurostat las cifras incorrectas. El rescate del Gobierno a las comunidades en forma de préstamos para que éstas afrontaran miles de millones pendientes obligó a las autonomías a aflorar facturas. Así, en mayo de 2012 España informó a Eurostat de que el déficit de la Administración correspondiente a 2011 debía revisarse al alza por las facturas en los cajones de la C. Valenciana y Madrid. Inspectores de la UE investigaron y concluyeron que en la Comunitat se ocultó deliberadamente el gasto sanitario, de ahí la multa. Fue la primera vez que la CE hizo uso de sus nuevos poderes con arreglo a una legislación tras la crisis de Grecia. España alegó que no podían sancionarla por hechos ocurridos antes de aprobarse la citada legislación y, en todo caso, solo por las facturas de la notificación de abril de 2012.
Anoche, el secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación de la Generalitat, Julián López, lamentó que «todavía se están sintiendo las consecuencias de 20 años de descontrol y desgobierno del PP». Y aseveró, sobre quién tiene que pagar los 19 millones: «Deben asumir responsabilidades aquellas personas que ocultaron el gasto y no los valencianos», enfatizó, para reivindicar que asuma la sanción el Ejecutivo central del PP, porque sí son responsables «sus compañeros de partido» que cuando han acudido a la Comunitat «han apoyado y avalado» la gestión de los gobiernos del PPCV.
