17 de septiembre de 2015
17.09.2015

Los 25 imputados del caso Emarsa y la Fiscalía piden retrasar el juicio hasta que llegue Roca de Moldavia

La acusación particular del PSPV y la Emshi se niegan al aplazamiento porque consideran que la versión del fugado no modificará la investigación

17.09.2015 | 08:33

La Fiscalía y las defensas de los 25 imputados por el saqueo de la depuradora de Pinedo han solicitado al juzgado la suspensión del juicio, que debía iniciarse el próximo 2 de noviembre, según confirman fuentes judiciales. El principal motivo que alegan es la inminente extradición de Jorge Ignacio Roca Samper, el empresario considerado como el cerebro de la trama de comisiones, detenido en Moldavia desde junio.

Inicialmente sólo estaban a favor de la suspensión dos de los imputados, los ex altos cargos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) imputados en la causa, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, por lo que su petición se rechazó. Sin embargo, tras mostrarse la Fiscalía a favor del retraso del juicio oral, para que Roca Samper sea juzgado junto al resto de implicados, la actual titular del Juzgado de Instrucción número 15 dio opción a las partes para que se pronunciaran. Y las defensas de los veinticinco procesados se han mostrado a favor del retraso de la vista oral para que «se pueda tomar declaración a Roca Samper y aclare su participación exacta en la causa y cómo orquestó el saqueo» lo que, a juicio de algunos de los imputados, podría incluso beneficiarles, ya que demostraría que no participaron en ninguno de los hechos que les imputan.

Otras fuentes relacionadas con la instrucción, sin embargo, consideran que la llegada de Roca Samper a Valencia puede dar un vuelco al caso Emarsa, porque «su declaración puede confirmar la implicación de muchos de los acusados. Incluso podría propiciar más imputaciones, porque era el "ívero" (el "cobrador" del IVA)» en referencia a las comisiones.

Frente a esta postura, la acusación particular que ejerce el PSPV y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) han mostrado su oposición a dilatar más la causa, que se instruye desde 2011. «La declaración de Roca Samper no modificará el fondo de la investigación, que ha sido muy exhaustiva, por lo que no cabe retrasar más la vista oral», explican fuentes socialistas a Levante-EMV, para justificar su oposición a demorar más tiempo la vista oral.

De hecho, el traslado de Jorge Ignacio Roca Samper desde Moldavia hasta España aún no es inminente. Desde el Ministerio de Justicia, que solicitó a la justicia moldava la extradición del empresario, explicaron ayer a Levante-EMV que «el juicio en Moldavia está señalado para la primera semana de octubre y dependiendo del resultado del mismo se podría ejecutar la extradición».

La situación judicial del cerebro del saqueo de Emarsa en Moldavia, donde permanece detenido desde el pasado mes de junio tras permanecer cinco años en paradero desconocido y cuatro de ellos huido de la justicia, podría resolverse con una simple multa. Por eso, tras la celebración de la vista en Moldavia, su extradición podría ser inmediata. Pero el Ministerio de Justicia admite que aún no manejan «plazos de entrega».

«A día de hoy no es posible saber si dará tiempo o no a que esté en España para el juicio que tiene señalado para el mes de noviembre», explican desde el departamento que dirige Rafael Catalá.

En el caso de que el juzgado de instrucción y la Audiencia de Valencia aceptaran demorar el inicio de la vista oral, la defensa de Jorge Ignacio Roca Samper dispondría de un plazo mínimo de tres meses para examinar la voluminosa causa. A la investigación del saqueo de la depuradora se suman las once piezas separadas, acordadas por el juez instructor Vicente Ríos, para investigar los presuntos delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de capitales cometidos por una decena de imputados, entre ellos el propio Roca Samper.

De ahí que la demora del proceso podría ir más allá de los seis meses, según cálculos de los letrados de las defensas de los imputados, que si se suman a los periodos vacacionales, podrían retardar hasta un año el juicio por el escándalo entorno a la depuradora de Pinedo, en el que se cometió un fraude probado de no menos de 23,7 millones de euros, según el juez instructor.

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