17 de septiembre de 2015
17.09.2015
Bienestar Social

La Generalitat revisará la adjudicación de plazas a residencias de Cotino

Oltra ve "fundadas de sospechas de irregularidad" y anuncia una auditoría al IVAS ante su "situación caótica"

17.09.2015 | 15:15

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha afirmado este jueves que la Generalitat revisará los contratos blindados que mantiene, así como "algunas contrataciones sobre las que hay fundadas sospechas de irregularidad" como la adjudicación de plazas a residencias propiedad de la familia del exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino. Además, realizará una auditoría contable y laboral del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), donde han encontrado una "situación caótica".

Así lo ha señalado Oltra en su comparecencia ante las Corts para explicar las líneas de actuación de su departamento, en la que ha manifestado su voluntad de acabar con "el oscurantismo y la opacidad" en la gestión del dinero público después de que los servicios sociales hayan estado "muy castigados en los últimos años por las fundadas sospechas, y hechos demostrados, de la falta de transparencia en la gestión y del el enriquecimiento personal de unos cuantos sátrapas en connivencia con los gestores públicos".

La vicepresidenta ha comenzado su exposición, que se ha prolongado durante una hora y 21 minutos, ofreciendo "diálogo y proximidad" a los diputados, al tiempo que ha lamentado haber encontrado en la Generalitat "una situación económica, de degradación moral y desierto financiero" que ha superado sus "temores" y que deja "prácticamente sin capacidad de maniobra al Gobierno" este segundo semestre del año.

En lo que respecta a su departamento, ha recordado la retirada del recurso de casación contra el copago en el sector de la dependencia, ha adelantado que a lo largo de la legislatura llevarán a las Corts una nueva Ley de Servicios Sociales que cambie "el modelo asistencial por un modelo universal" y ha avanzado la eliminación, a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016, del copago en los servicios, con un coste aproximado para las arcas autonómicas de 120 millones de euros.

También se ha referido a las medidas en materia de desahucios, con el impulso de una "red de ciudades libres de violencia machista", así como a actuaciones de igualdad de género y contra la violencia machista, la acogida de refugiados y la lucha contra la pobreza extrema.

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