18 de septiembre de 2015
18.09.2015

Justicia tiene 3.000 ordenadores sin usar porque son incompatibles con los programas informáticos

La consellera Bravo invita a los partidos a renunciar a las subvenciones ya que hay destinos más prioritarios

17.09.2015 | 23:10

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció ayer que hoy tiene previsto firmar la orden de pago de las subvenciones para los partidos que concurrieron a las elecciones autonómicas „más de un millón de euros„ y ha planteado a los responsable de los partidos que «mediten si hay destinos más prioritarios para estas subvenciones». Bravo anunció en las Corts que convocará, antes del 31 de diciembre, una oferta de empleo público en el ámbito de la administración del Consell que incorpore, para el turno libre, el número mayor número de plazas que permite la actual tasa de reposición. También se ha comprometido a trabajar por la «recuperación progresiva de los 15 juzgados cuya creación fue suspendida en 2011».

Asimismo, lamentó que «el 25 por ciento de la población valenciana está pendiente de una resolución judicial que no llega, entre ellos padres que han perdido su trabajo o jubilados cuyo patrimonio se esfumó por culpa de prácticas bancarias culposas, entre otros». También lamentó que «en la Comunitat Valenciana, la Justicia nunca ha sido una prioridad, sino que se ha desatendido de manera grave la obligación de dotarla de los recursos necesarios».

«En el último lustro, una administración de Justicia desatendida por la Generalitat se ha visto superada por un espectacular incremento de la carga de trabajo, producto de la crisis económica. En 2008, los juzgados valencianos recibieron más de 200.000 asuntos nuevos. En 2014 fueron casi un millón», añadió.

En su intervención, ha indicado que la carga de trabajo que soportaron los jueces de la Comunitat el pasado año es un 10 % superior a la media; y que «es muy difícil digerir tan brutal aumento de la carga de trabajo, imposible si no se recibe ayuda desde la Administración».

Y lamentó que «ante el aumento del volumen de trabajo, la respuesta de la Generalitat fue reducir la oferta judicial. En 2008, el presupuesto de Justicia ascendió a 239,6 millones de euros; seis años después, en 2014, fue inferior: 236,2 millones de euros», explicó, y «no fue culpa de la crisis, sino de voluntad política».

Bravo también ha señalado como prioridades atender la delicada situación de algunos inmuebles judiciales, como los de Alcoy o el TSJCV de Valencia, la «rápida ejecución del proyecto Ágora, paso intermedio imprescindible para actualizar la aplicación Cicerone» o la reducción del índice de interinidad.

En el apartado de medios materiales hizo una revelación sorprendente: «En un almacén duermen más de 3.000 modernos ordenadores sin desembalar porque son incompatibles con unos sistemas diseñados el pasado siglo», lamentó, en referencia a la obsolescencia de los programas informáticos de juzgados y Fiscalía, incompatibles entre sí.

Por otra parte, ha anunciado que solicitará a la dirección general de Política Lingüística una «radiografía sobre el uso del valencià en la administración de Justicia» y una auditoría de Favide, por haber detectado sueldos desproporcionados.

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