18 de septiembre de 2015
18.09.2015

De la Oliva arremete contra la "ignorancia de la administración" hacia la justicia

La presidenta de la TSJCV insta a los políticos a «no descartar propuestas porque necesiten presupuesto»

18.09.2015 | 01:51
De la Oliva arremete contra la "ignorancia de la administración" hacia la justicia

Un millón de valencianos, el 25 % de la población, ha tenido que acudir a los tribunales en busca de respuestas o por problemas con la justicia, en los últimos años. Según dónde viven, los valencianos se encuentran con juzgados «en un estado letal» como los de Gandia «que acumulaban hace cuatro años más de 4.000 ejecutorias pendientes y celebraban juicios a más de tres años vista».

Con sedes saturadas como las de Torrevieja «con miles de delitos a punto de prescribir». Partidos judiciales como los de Ibi con «decenas de causas de corrupción, que aun necesitan dedicación». O juzgados de primera instancia saturados con 8.000 demandas por las preferentes o acciones bancarias presentadas en los primeros ocho meses de 2015, en Valencia, según los datos aportados ayer por Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la apertura del año judicial.

Ante semejante colapso, la atención judicial al millón de personas que han buscado «respuesta a sus problemas de agresión, insolvencia, incobro o reclamación de deudas, despidos, ejecución hipotecaria, solución a un conflicto familiar, protección de un mayor, un discapacitado o una mujer agredida» no siempre es ágil. «¿Creen de verdad que podemos seguir condenándoles al olvido transitorio que supone no responder en un tiempo razonable?», se preguntó De la Oliva, que se mostró muy crítica y reivindicativa, pero con tono de seda.

Aunque la presidenta del TSJCV reconoció ciertos «avances» en su discurso de 2014, no escatimó críticas en sus palabras de ayer. «Durante los últimos cinco años hemos perdido año tras año presupuesto, funcionarios y jueces sustitutos pero hemos vivido un incremento notabilísimo de asuntos en Mercantil, Social o Primera Instancia. Como nunca antes. Y con menos medios y una evidente ignorancia por parte de la Administración, de todas las administraciones», lamentó en los primeros minutos de su parlamento.

Una situación que, según afeó la presidenta de los jueces valencianos a los políticos, los juzgados han tenido que afrontar en solitario, «muy pocas veces con secretario judicial y menos veces aún con funcionarios», en clara alusión a los medios que debe pagar a la Generalitat. De ahí que lanzara una crítica nada velada. «La mínima colaboración de la administración en medios adicionales, discretos, precisos, esenciales, nos hubiera dado mejores resultados. Mucho mejores resultados». Por eso lanzó una propuesta de colaboración y una petición ante el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. «Optimicemos. Aprovechemos. Y transformemos, esta vez sí, por favor, la catarata de declaraciones y máximas dialécticas en consignaciones presupuestarias, en plazas de jueces y fiscales y la puesta en marcha de servicios comunes», planteó. «Y no apartemos las propuestas porque necesiten presupuesto. Sería un grave error y una gravísima irresponsabilidad», advirtió De la Oliva.

«Una oportunidad histórica»
Ya que, según la presidenta del TSJCV, «éste es un momento crucial y una oportunidad histórica: o apostamos y salimos adelante o asumimos que estaremos por décadas en el furgón de cola». Por ello se mostró dispuesta a arremangarse la toga y colaborar. «Llámenme ambiciosa: yo quiero estar al frente de la modernización y la excelencia», defendió, en lo que parecía un claro anuncio de su intención de presentarse a la reelección. De la Oliva también anunció que presentará un «inventario de necesidades de adaptación de medios en los partidos judiciales de la C. Valenciana».

El presidente Puig recogió el guante. «Vamos a atender las iniciativas que ya he tenido ocasión de despachar con la presidenta del TSJCV para ver de qué manera se puede colaborar en que los ciudadanos que van a la Justicia tengan la mejor y más rápida respuesta posible». Habrá que esperar al presupuesto de 2016 para comprobarlo.

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