La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, cifró ayer en 120 millones de euros el coste que supondrá para Generalitat la eliminación del denominado copago social, una medida que se ejecutará, según precisó, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016.
Esto implica que discapacitados y mayores dejarán de pagar por el uso de servicios sociales. El anuncio forma parte del paquete de medidas en materia social que ayer desgranó la vicepresidenta en su comparencia en las Corts, una intervención que se prolongó durante hora y media y en la que Oltra evidenció que sus planes en Bienestar Social son una enmienda a la totalidad a las políticas del Consell popular.
Por lo pronto, anunció que revisará las «contrataciones blindadas» en su departamento y, en concreto, las adjudicaciones a las residencias de la familia Cotino sobre las que existen «fundadas sospechas de irregularidad». Además, realizará una auditoría contable y laboral del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), donde, aseguró haber encontrado una «situación caótica con indicios razonables de posibles delitos».
Oltra expresó su voluntad de acabar con «el oscurantismo y la opacidad» en la gestión del dinero público después de que los servicios sociales hayan estado «muy castigados en los últimos años por las fundadas sospechas de la falta de transparencia y del enriquecimiento de unos cuantos sátrapas en connivencia con los gestores públicos».
Caos generalizado
En su alocución hizo un repaso demoledor sobre la gestión del PP y describió una situación de caos generalizado con más de 14.000 expedientes de renta garantizada de ciudadanía debajo de la mesa o inspecciones paralizadas por falta de personal. Hizo anuncios muy concretos dirigidos a los colectivos más vulnerables (mujeres y niños), como la revisión al alza de las ayudas a familias acogedoras de menores (10-12 euros por día y niño) o cambios en la ley de violencia de género.
No aclaró cómo hará frente financieramente a su ambicioso programa social. Admitió que apenas tienen margen de maniobra y acusó al expresidente Fabra de haber agotado en mayo la capacidad de gasto para todo 2015. Eso sí, insistió en que el presupuesto debe estar al servicio de los derechos y no al contario. Como declaración de principios, avanzó su voluntad de ofrecer diálogo, aunque lanzó un aviso a navegantes: «Este Consell ni olvidará ni tapará los casos de corrupción», dijo.
La comparecencia de Oltra evidenció ayer cómo las tornas han cambiado en la política valenciana. El PP se quedó solo en sus críticas a Oltra, quien recibió el apoyo moral de los diputados del tripartito (Mónica Álvaro por Compromís; Conca Andrés por el PSPV; y Llum Quiñonero, por Podemos) e incluso de Ciudadanos cuyos dardos fueron a parar al PP.
El diputado popular Alfredo Castelló se esmeró en su ataque y acusó a la vicepresidenta de «decir y no hacer». «No ha tomado ni un solo acuerdo nuevo. ¿Cuando va empezar a rescatar personas? Todo es continuidad, su gestión no existe», le espetó, envalentonado. Los reproches de Castelló despertaron el alma combativa de Oltra, quien aparcó el tono contenido, y lanzó duros ataques contra los populares.
