Las causas contra aforados abiertas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se han incrementado un 18 % en un año, al pasar de 59 en 2013 a un total de 70 en el pasado ejercicio, según Antonio Montabes, fiscal superior de la Comunitat Valenciana. Montabes ofreció un discurso estadístico, con toques reivindicativos, con los datos más destacados de la Memoria de la Fiscalía de 2014.

Sobre la evolución de la criminalidad, Montabes destacó que han disminuido un 22,5% las diligencias previas por delito contra la Administración Pública aunque han aumentado los de la prevaricación administrativa (sin concretar el porcentaje).

También han descendido un 6 % los delitos contra la libertad sexual; y un 2,6 % las de homicidio. Únicamente se han incrementado un 4,5% los delitos contra la Administración de Justicia por simulación de delito, quebrantamiento de condena o medida cautelar y por obstrucción a la justicia por incomparecencia.

En violencia doméstica y de género, el número de procedimientos también disminuyó un 4% en 2014; en siniestralidad laboral se incrementaron un 17 % el número de causas y un 11% las diligencias de investigación penal. En delitos informáticos, los procedimientos se multiplicaron por cuatro hasta los 494 en el año 2014; mientras que en vigilancia penitenciaria, los expedientes han registrado un aumento del 22%. Por último, las diligencias previas por delitos económicos se incrementaron un 58%, la mayoría por defraudación tributaria, fraude contra la Seguridad Social, delito contable, fraude comunitario y fraude de subvenciones.

En el apartado reivindicativo, Montabes reclamó que «las Fiscalías Territoriales estén dotadas con unidades adscritas de Policía Judicial, como apoyo directo en sus investigaciones, y que se creen unidades de investigación con personal de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ( ICAC ) y el Banco de España». Y la renovación de los sistemas informáticos, porque los fiscales siguen «trabajando con ordenadores obsoletos, muy lentos, que se bloquean continuamente y dan numerosos problemas».