20 de septiembre de 2015
20.09.2015
Tribunales

Los letrados de dos imputados por el metro se reunieron con el abogado de la Generalitat

El representante del Consell en la causa del accidente siempre se ha posicionado en contra de las víctimas y ha abogado por el archivo de la causa

20.09.2015 | 00:45
Los letrados de dos imputados por el metro se reunieron con el abogado de la Generalitat

Los abogados que representan a dos de los imputados por el accidente del metro mantuvieron «reuniones de trabajo con el letrado de la Abogacía de la Generalitat», personado en la instrucción del accidente del 3 de julio de 2006. Así consta en la factura de gastos que los imputados Vicente Contreras y Francisco García Sigüenza pasaron al cobro a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en diciembre de 2014, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

FGV pagó las tres minutas que los imputados pasaron a la empresa. Inicialmente el ex gerente Pablo Cotino tuvo sus dudas, aunque finalmente accedió, tras un informe de los servicios jurídicos de FGV, a favor de los pagos. La actual dirección ya ha comunicado a los tres procesados por el siniestro del 3 de julio de 2006 que no abonará más facturas, como se comprometió la consellera de Obras Públicas, Maria José Salvador, con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), en cumplimiento del acuerdo firmado por las víctimas con seis partidos el pasado 4 de mayo.

Los tres imputados recurrieron a letrados de libre designación tras rechazar la oferta de FGV de que les representara un abogado pagado por la aseguradora Zurich (adjudicataria de la póliza de seguro de la empresa), «al entender que podría existir un conflicto de intereses entre los tres».

Vicente Contreras y Francisco García Sigüenza, director adjunto de explotación y director técnico de FGV en 2006, respectivamente, eligieron el mismo despacho de abogados. De hecho, la minuta que ambos facilitan a FGV y el escrito en el que solicitan a la empresa ferroviaria que les abone las facturas es calcado y sólo cambia el nombre del interesado.

La factura también revela que ambos encargaron su defensa al despacho de abogados con sede en Valencia el mismo día que Levante-EMV adelantó su imputación: el 8 de mayo de 2014. También refleja el trabajo realizado por los letrados en los primeros seis meses de imputación de los considerados como «número dos y tres» de la ex gerente, Marisa Gracia, en el momento del accidente. Son los pasos habituales en este tipo de situaciones: personación, acceso los autos de la instrucción («complejos y muy voluminosos. 21 tomos a fecha de hoy», puntualiza la factura), reuniones de trabajo y análisis de la causa, recursos de apelación...

La sorpresa salta cuando ambos letrados incluyen en la descripción de las tareas realizadas en los seis primeros meses las «reuniones de trabajo con el letrado de la Abogacía de la Generalitat». Unos encuentros que nunca se han producido con los abogados de las víctimas del metro personadas en la causa.

Y un detalle que confirma que los tres imputados y la Abogacía de la Generalitat han remado hacia el mismo lado tras la reapertura de la investigación del accidente, el 21 de enero de 2014. Una sintonía que ha sido más que evidente durante la investigación. El abogado de la Generalitat que se ha encargado de la instrucción no ha dejado de torpedear la investigación. De hecho, su primer pronunciamiento tras la reapertura fue para solicitar que se mantuviera el archivo sobre la instrucción del accidente del metro.

Compromiso de «colaboración»
Oficialmente, la Generalitat ofreció su «compromiso de colaboración con la justicia» en la investigación del siniestro 3 de julio de 2006, como no se cansaron de repetir el jefe del Consell, Alberto Fabra, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. Pero a la hora de la verdad, el letrado de la Generalitat se opuso a la imputación de los tres directivos y se ha mostrado en contra de forma sistemática a cualquier petición formulada por los letrados de las víctimas personadas: el procesamiento de otros responsables de FGV, la elaboración de una simulación virtual del siniestro o que se retrasaran las declaraciones, cuando la jueza apretó el acelerador durante los primeros meses de 2014. Hasta en sus preguntas en los interrogatorios a los testigos quedaba claro el objetivo de sus intervenciones.

De hecho, la actitud del abogado de la Generalitat era tan evidente que la sección segunda de la Audiencia de Valencia pidió, en un auto, a la Generalitat que «aclare si actúa como acusación o defensa, puesto que es imprescindible para valorar las pretensiones que realice». La sección segunda de la Audiencia de Valencia lanzó toda una carga de profundidad a la actitud que mantenía la Abogacía de la Generalitat: «No consta expresamente cuál es la posición procesal de este recurrente [en alusión a la Generalitat]» aunque sí advertía que «en este recurso al menos está actuando como defensa de los intereses de los posibles imputados, sin que conste qué interés o legitimación tiene para ello».

Ante este pronunciamiento de la Audiencia de Valencia, el letrado de la familia de una de las víctimas solicitó al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que expulsara a la Generalitat de la causa. «La Abogacía de la Generalitat no puede ser defensa, porque no hay responsabilidad civil declarada, y, si fuera acusación, lo sería en fraude procesal al estar realizando tareas de defensa», aseguraba el abogado Virgilio Latorre. La jueza del metro, Nieves Molina, rechazó la petición.

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