El presunto desfalco cometido por el exgerente de Imelsa en la empresa pública provincial „en cierto modo confesado por él mismo„ no ha sido un episodio aislado de presunta corrupción. Ni en el quién ni en el qué. La investigación judicial determinará el alcance de los implicados como colaboradores, cómplices o socios de Marcos Benavent.
En todo caso, la auditoría privada encargada por el interventor de la diputación subraya que los mecanismos de control interno (empresa y diputación) fallaron. Tampoco había dinámicas pautadas en la gestión del dinero público que actuaran de cortafuegos.
Así, en Imelsa no existía ningún procedimiento «predefinido ni establecido para tramitar adjudicaciones de contratos menores», por lo que no existía impedimento reglado para el abuso de las adjudicaciones directas a dedo.
El importe de este tipo de concesiones „que afecta a los contratos menores„ ascendió en 2011 a más de 6,3 millones de euros, y a 3,8 millones al año siguiente. En total, se adjudicaron más de diez millones por esta modalidad, frente a los que se concedieron mediante procedimiento abierto o negociado. El abuso del contrato menor forma parte de la práctica habitual de los exgestores de la empresa provincial, según se desprende del análisis sobre las muestras de expedientes y contratos fiscalizados por Gesem. Se procedía a la adjudicación directa en aquellos contratos de obras, servicios y suministros cuya cuantía no superara los 50.000 euros y la duración del contrato no fuera superior al año.
«Dada la gran cantidad de contrataciones que se realizan bajo esta modalidad y con el fin de optimizar la gestión económica y facilitar la concurrencia de terceros» sería conveniente, se apunta en el informe, una adaptación a la ley «para establecer como contrato menor aquel de importe inferior a 18.000 euros, cuando se trate de contratos distintos del de obras».
