22 de septiembre de 2015
22.09.2015
Tribunales

La primera condena de Brugal es para una funcionaria por filtrar datos fiscales

La Audiencia Provincial de Alicante impone dos años de prisión a la mujer por revelar datos del empresario Fenoll

22.09.2015 | 01:04

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha impuesto dos años de prisión y seis de inhabilitación absoluta a una funcionaria de la Agencia Tributaria que facilitó a una segunda persona, también condenada, información reservada sobre la vida fiscal del empresario Ángel Fenoll, investigado en el caso Brugal. La Audiencia considera a la funcionaria, Angélica Ch.E., responsable de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La persona a la que le pasó la información, Jorge S., ha sido condenado a su vez a la misma pena de prisión.

La sala ha considerado probado que el 26 de julio de 2007, la acusada, funcionaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, destinada en la Delegación de Alicante, en el departamento de Discrepancias de Renta, facilitó a Jorge S., a petición suya, datos fiscales sobre Fenoll y sus empresas, que no estaban disponibles para el público ni contaba con autorización para obtenerlos. En concreto, la mujer dio datos relativos a ingresos de Fenoll a efectos de la declaración de IRPF, empresas en las que él mismo tenía relación de participación y sobre contenido presentado por la mujer del empresario.

Las defensas argumentaron que las escuchas telefónicas eran nulas, por cuanto se investigaba el caso Brugal y no el delito de descubrimiento de secretos, por tanto, se trataba de delitos distintos. Sin embargo, según la Audiencia, cuando a raíz de una conversación entre Gregory y Jorge S., se vislumbraba una posible comisión de un delito cometido por funcionario público, se pidió y acordó la intervención de su teléfono sin que se advierta «infracción alguna» en el tratamiento de ese hallazgo ni halla merma en derecho fundamental.
Asimismo, tampoco cree que el desgaje de la causa principal en otras varias y la remisión a los juzgados competentes suponga la lesión de ningún derecho ya que la intervención telefónica siempre estuvo sujeta a control judicial.

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