La Sociedad Proyectos Temáticos de la C. Valenciana (SPTCV), la firma de la Generalitat y buque insignia de los grandes eventos e iniciativas estrella de la etapa Camps, registra la friolera de 25,9 millones en concepto de «costes incurridos por la puesta en marcha y obras de proyectos en los que no se han realizado inversiones desde ejercicios anteriores [a 2014] o que están paralizados actualmente». Así lo revela la auditoría elaborada por la firma Mazars y que forma parte de la Cuenta General de la Generalitat 2014, ayer se hizo pública. La auditora denuncia un panorama desolador sobre la gestión de la entidad „y sus filiales Ciudad de la Luz y Aeropuerto de Castelló„, hasta el extremo de que, como consecuencia de las irregularidades detectadas, la fiscalización concluye señalando que no puede emitir una opinión sobre las cuentas y si éstas reflejan la imagen fiel de la firma.
La Auditoría Operativa detalla proyectos como el Centro de Convenciones de Castelló, cuyas obras debían comenzar en 2010 y por el que se abonaron 2,7 millones a Calatrava por el proyecto, así como la Ciudad de las Lenguas, de la que se pagaron 150.000 euros por el Master Plan y 40.000 por el plan de negocios. También cita el Centro de Congresos de Alicante, sobre el que «no ha habido actuaciones en los últimos ejercicios»; el Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, «paralizado desde 2010»; o el Centro Cultural de Benidorm, con las obras paralizadas desde 2010 y que está «al 33 % de avance».
Los grandes eventos se han hundido pero los responsables tenían recompensa en la nómina. La auditoría revela que la empresa abonó a algunos responsables, incluida la directora general, Laura Matilla, nombrada en agosto de 2014, cantidades superiores a las fijadas para estos puestos. En concreto, la retribución a la directora fue «superior al límite máximo establecido para los altos cargos de la Administración en la ley de Presupuestos». El motivo es que le abonaban el desplazamiento desde su residencia al trabajo y por combustible. No obstante el importe excedido es de 845 euros. Respecto a determinado personal, se le pagaba por encima de lo estipulado obviando los informes de la conselleria.
«Responsabilidad por alcance»
La auditoría cifra en 93.000 euros el importe acumulado de retribuciones no autorizadas. Por ello, insta a realizar, con «carácter prioritario y urgente», una «regularizacion salarial». «Se ha de proceder y exigir a los trabajadores las cantidades no prescritas indebidamente abonadas en concepto de salarios (las abonadas en los últimos 12 meses), todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad contable por alcance (últimos cuatro años) a los responsables del establecimiento, la autorización y el pago de estas retribuciones».
