La Abogacía de la Generalitat solo ve legalmente viable la creación de una nueva empresa para que las Corts devuelvan a los valencianos su derecho a tener una televisión pública propia, según el informe que le encargó el Consell y al que ha tenido acceso Levante-EMV.
El servicio jurídico autonómico considera que revertir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que acabó con los contratos de los 1.606 trabajadores y paralizar la liquidación, como proponía el comité de empresa y otras entidades sociales, sería ilegal, como por otra parte ya advirtió a los representantes de los trabajadores el Alto Comisionado para la recuperación de RTVV, José María Vidal.
El informe encargado por el Consell busca saber cuál es el camino legalmente más viable para la recuperación del servicio público de televisión y radio. La entidad que debe velar por la seguridad jurídica de las actuaciones de la Generalitat entiende que la reversión del ERE por parte del Gobierno valenciano sería un peligro. «Se trataría de una decisión unilateral y arbitraria que modifica un ERE adoptado por común acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores», explica. Y añade: «implicaría un importante coste económico, debiendo realizarse la consiguiente modificación presupuestaria en detrimento de la partida que se consignase».
Evidentemente, aseguran los letrados, «ante esta situación se podrían interponer demandas por los propios trabajadores que no quisieran o pudieran devolver la indemnización para reincorporarse». Además de estas posibles denuncias, revela la Abogacía de la Generalitat, «podrían llegar otras por malversación». En este caso, el Consell como Junta General de accionistas podría acabar imputado penalmente.
En este caso, valdría con una denuncia del PP contra el Consell. Y cabe recordar que la presidenta de los populares, Isabel Bonig, instó al Consell a revertir el ERE, lo que según los letrados de la Generalitat podría herir de muerte al Gobierno valenciano.
La demanda de CGT, poco futuro
Los abogados de la Generalitat defienden que la reversión del ERE «solo puede producirse si se declara su nulidad», es decir, si la Audiencia Nacional estima el recurso de la CGT. La letrada duda de que esta demanda prospere porque el ERE «se aprobó con el acuerdo muy mayoritario de los representantes de los otros cinco sindicatos y la empresa, que lo consideraron ajustado a derecho». Por otra parte, añade, «la clausula 6 del ERE de extinción reconoce la posibilidad de apertura de un nuevo servicio público y determina las reglas aplicables con respecto a la selección de personal». «No parece riguroso contravenir lo acordado por la autonomía colectiva de las partes», concluye.
Los letrados continúan su informe por el proceso de liquidación, otra de las dificultades para la reapertura. Estiman que la paralización de la liquidación, como han propuesto entidades como la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià, «puede generar muchos más problemas e inconvenientes jurídicos de los que se contemplan en la liquidación definitiva». Aseguran que recuperar la anterior RTVV SAU sin liquidarla genera muchos problemas por «las numerosas demandas en curso derivadas de los compromisos de dicha sociedad y lo avanzado del proceso de liquidación».
Por eso propone a las Corts que jurídicamente «parece menos arriesgado y más razonable que para la prestación del servicio público se articule la configuración de un nuevo organismo público o sociedad mercantil a la que se le encomienda la prestación del nuevo servicio público de radio y televisión».
El informe de la Abogacía de la Generalitat, fechado el 15 de septiembre y firmado por la directora general de la Abogacía, María José Rodríguez, descarta que se pudiera producir una sucesión empresarial si las Corts crean una nueva empresa para la futura televisión, como también ha venido defendiendo el comité de empresa.
«Estamos ante un supuesto en el que las relaciones laborales ya se han extinguido, en el que la empresa no sigue activa y en el que no parece que pueda concurrir ningún fraude de ley, precisamente porque el cierre se derivó de una ley de las Corts, y cualquier decisión de nueva prestación del servicio público también requerirá dicho proceder», argumenta.
