Los famosos retrasos en el pago de la factura farmacéutica que se produjeron entre 2008 a 2011 por parte de una Generalitat Valenciana empobrecida y sin fondos y que movilizaron al colectivo de boticarios de la C. Valenciana tienen ahora sus consecuencias, que se van a traducir en el pago de 7 millones de euros de intereses a los titulares de las oficinas de farmacia, según informó ayer el colegio de Valencia que comunicó que el pago tendrá que efectuarse en un plazo de dos meses al haber solicitado los beneficiarios la ejecución del pronunciamiento judicial.
La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia, que resolvió una demanda conjunta de 638 farmacéuticos, fue recurrida por la Conselleria de Sanidad en 2014 para posponer el pago de esta cuantía referida a los intereses.
La citada sentencia aceptó en su totalidad los argumentos que expresaron los farmacéuticos y condenó a la Generalitat Valenciana a pagar unos siete millones, en aplicación de la Ley de Morosidad.
El colegio ha señalado que desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia es firme se han devengado intereses reales (4 % anual), cantidad que suma un millón de euros más que ahora tendrá que pagar la Generalitat a lo farmacéuticos.
«Esta sentencia reafirma el deber de la Administración en cumplir la Ley de Morosidad, porque pagar a tiempo la factura farmacéutica se traduce, a medio plazo, en una ahorro para la Administración», declaró el presidente de la institución colegial, Jaime Giner.
Los intereses globales derivados de los retrasos en los pagos podrían alcanzar los cien millones que se tendrán que ir abonando.
