El fantasma de la corrupción que enturbió la legislatura de Alberto Fabra sigue persiguiendo al PPCV de Isabel Bonig, que no solo tendrá que lidiar con los numerosos casos pendientes de juicio que afectan a exdirigentes ( más de una docena), sino que, además, cuenta ya en la bancada popular de las Corts con su primer imputado, el exconcejal de Gandia, Víctor Soler. El juez Veslasco ha citado al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, y a Soler por las contrataciones a la red Púnica, si bien la citación del segundo está suspendida ya que al ser aforado la competencia recae en el TSJ de la C. Valenciana.

Al margen del recorrido del caso, las dos imputaciones han puesto de nuevo al PPCV de Bonig en un brete, si bien la lideresa evidenció ayer que su estrategia será distinta a la que siguió su antecesor Alberto Fabra. De hecho, en las Corts marcó distancias con las líneas rojas contra la corrupción de Fabra.

«Se trata de sentido común»

En declaraciones a los periodistas, Bonig evitó en varias ocasiones utilizar esta expresión al ser preguntada: «No se trata de líneas rojas, sino de sentido común», aseguró Bonig. «No voy a entrar en líneas rojas, verdes o azules», insistió, al tiempo que confesó que su objetivo es evitar que «la imputación se convierta en un arma política». La frase revela que el nuevo PPCV quiere huir de los problemas que la aplicación de las líneas rojas generó a Fabra.

El expresidente nunca contó con el respaldo de su propio partido (ni los más próximos compartieron nunca que echara a los cargos nada más ser imputados) ni con la dirección nacional, cuyo marco eran los estatutos del partido. Bonig, en consonancia con Génova, manifestó ayer que en el caso de Torró y Soler se aplicarán los estatutos nacionales del PP, que marcan la apertura de expediente informativo en caso de imputación y la expulsión solo si existe condena firme. Bonig confirmó que se abrirá expediente informativo a los dos imputados, pero, de momento, no habrá más consecuencias, lo que implica que, en el caso de Torró, seguirá al frente del PP en Gandia.

Bonig mostró su respaldo a Torró: «Sus explicaciones me han convencido, confío en su inocencia». Con todo, aseguró si hay pruebas claras, actuará con «contundencia». Además, contraatacó señalando que dos diputados del PSPV (Alfred Boix y Vicente Arques) están también están imputados. El PSPV, sin embargo, replicó que el primero nunca lo ha estado y sobre el segundo matizó que es un «asunto administrativo».

PSPV, Podemos y Compromís afearon a Bonig que haya optado por una línea más laxa que Fabra ante la corrupción. Mientras tanto, Soler vivió ayer su peculiar vía crucis en las Corts. En el pleno se refugió en su escaño y solo salió del hemiciclo en el parón del medio día. La prensa lo persiguió, pero no le arrancó ninguna declaración.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, anunció ayer que permitirá que los ciudadanos presencien las mesas de contratación, al tiempo que excluirá la a políticos en las mesas de contratación. El anuncio acabaría con la opacidad en las mesas de contratación que están integradas por funcionarios, pero que en la que los cargos políticos tienen voz y voto en la diputación.