Sin opción de trabajo, y sin previsión de tenerlo, se marchan. Y eso que es una generación más que preparada. Llevan años emigrando a otros países en busca de un futuro laboral que no encuentran en la Comunitat Valenciana. Los jóvenes valencianos protagonizan una fuga de cerebros que se contabiliza en cerca de 22.000 jóvenes de 2009 a 2013.

El dato, además, arrastra consecuencias económicas. Ni más ni menos que la pérdida de 8.275 millones de euros en diez años. Así lo asegura el informe «Juventud necesaria. Conseqüències econòmiques i socials de la Joventut Valenciana» „realizado por el sociólogo Daniel Sorando y el psicólogo social, Stefano De Marco„ que ayer presentó el Consell de la Joventut (CJCV) a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra.

El informe presenta un «panorama alarmante» en el que, por primera vez, los jóvenes aparecen como un colectivo «vulnerable y en riesgo de exclusión social, incluso por encima del colectivo de pensionistas». Y es que la tasa de desempleo (entre jóvenes de 18 a 24 años) se sitúa en el 55%. Pero ahí no acaba la cosa. El 33% de los 260.000 jóvenes valencianos de entre 17 y 30 años se encuentran en riesgo de exclusión social. Todo ello, sin contar con los 22.000 jóvenes que tuvieron que «emigrar a la fuerza por razones socioeconómicas».

El impacto económico de estos jóvenes que ya no residen en la Comunitat Valenciana se cifra en 8.275 millones de euros en diez años, es decir, más del doble del presupuesto destinado este año para Educación, Cultura y Deporte, que asciende a 4.098 millones de euros. Es más, en cada oleada anual de migrantes con niveles educativos equivalentes a los de la población general de jóvenes valencianos, se ha calculado que la Comunitat podría perder, entre los años 2015 y 2025, alrededor del 4,7 % de su PIB. Esa cantidad hace referencia al total de la inversión que han realizado las administraciones públicas en la educación de estos mismo jóvenes que ahora aprovecharán los países receptores. A esta cifra se añade otra pérdida (del 2,5 % del PIB) por los impuestos que tampoco pagará este colectivo durante una década.

Estudios superiores

La segunda proyección parte de la hipótesis de que la gran mayoría de jóvenes emigrantes tienen formación secundaria superior o universitaria. En este caso, las cifras ascienden al 5,6 % de inversión educativa y al 2,8 % de impuestos no recaudados. De esta forma, el informe evidencia que invertir en juventud y evitar que los jóvenes emigren permite aprovechar la inversión educativa para sustentar el desarrollo de un territorio, además de fortalecer su recaudación tributaria.