La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, reveló ayer que la Generalitat no puede poner a disposición de los ciudadanos 700 viviendas públicas por su estado de «abandono». La consellera explicó que para rehabilitar este parque público se necesitarían 99 millones de euros, «los mismos que gastó el PP en la Fórmula 1». Salvador compareció ayer en las Corts para presentar las líneas estratégicas de su gestión.
La consellera destacó que su política de vivienda tendrá dos vertientes, por un lado, social y, por otra, económica. En este punto, recordó que «no es posible que la Comunitat Valenciana sea la segunda autonomía de toda España con más número de desahucios» y reiteró que «este drama social es público, no se trata de un problema entre el banco y la administración». Salvador explicó que la legislación sobre este tema es estatal pero afirmó que la administración autonómica está trabajando en el proyecto de Ley por la Función Social de la Vivienda para crear un marco legislativo donde se reconozca el derecho subjetivo a la vivienda.
Sobre Infraestructuras, entre las medidas más destacadas que anunció, está la de poner en marcha una Ley de Seguridad del Transporte Ferroviario porque la Comunitat Valenciana, «que ha sufrido la mayor tragedia de metro en España, tiene que ser referente y tener las normas más exigentes en el ámbito europeo».
Además, también se plantea la creación de un nuevo modelo de transporte y movilidad que mejore el transporte en áreas urbanas y metropolitanas de Castelló, Valencia y Alicante, y apostó por hacer servir directrices de movilidad y manuales de buenas prácticas para elaborar planes de movilidad sostenible en las áreas metropolitanas, urbanas y municipios de más población. También dijo que priorizará el mantenimiento de la red de carreteras y la seguridad vial.
PP y Ciudadanos
El diputado del PP Vicente Betoret afirmó que la consellera se ha quedado «de brazos cruzados mientras vive de las rentas» que le han dejado, por lo que pidió que «no se cuelgue medallas que no le corresponden» y no pretenda «aprobar con los apuntes de otros» mientras «sigue de vacaciones».
Le reprochó que haya decidido convertir una ley «pionera», como de Ordenación del territorio, en «el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas» y que no se haya quitado todavía «el uniforme de la oposición», y lamentó que a cada paso que dan necesiten «el visto bueno» de Mònica Oltra, que es «la que manda» en realidad.
María José García (Ciudadanos) pidió a la consellera que no ponga excusas para «no solventar» los problemas, pues debían haber previsto la situación que iban a encontrar «cuando con tanta ilusión se lanzaron en brazos de los nacionalistas para hacerse cargo del Gobierno», y reclamó buscar lo que les une y no lo que les separa.
