El Ayuntamiento de Valencia solicitará su personación como acusación particular en el caso Imelsa para comprobar si se desviaron fondos de las arcas municipales y procurar que se devuelva «hasta el último céntimo». Así lo anunció ayer el concejal de Fiestas y portavoz del Grupo Compromís, Pere Fuset, quien aseguró que el nuevo equipo de Gobierno abrirá las puertas del consistorio para que la Justicia haga su trabajo con todas las garantías.

Pere Fuset confirmó ayer que el día anterior, entre las diez de la mañana y las siete de la tarde, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían realizado un registro en el Ayuntamiento de Valencia para investigar el posible cobro de comisiones por parte del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y la exconcejala de Cultura María José Alcón.

Según las grabaciones aportadas en el sumario que investiga las irregularidades de la empresa pública, Benavent y Marcos podrían haber orquestado el cobro de mordidas en numerosos contratos municipales, entre ellos la adjudicación del complejo cultural La Rambleta, los servicios de limpieza de las Torres de Quart y Serranos y otros vinculados a la Mostra de Cinema. «Estamos hablando de una cuestión judicializada y tenemos que valorarla con la máxima prudencia —explicó Fuset—, pero el Ayuntamiento de Valencia solicitará personarse como acusación particular para saber si los intereses municipales se han visto perjudicados por la actuación de algunos componentes del gobierno del PP». Él concejal ratificó, así mismo, el compromiso del nuevo equipo de Gobierno «para que si se ha desviado dinero de las arcas municipales, se devuelva hasta el ultimo céntimo». Y ofreció su «máxima colaboración para que la Justicia investigue dónde ha ido el dinero de los valencianos. «Hablamos de una gestión presuntamente fraudulenta y lo mejor es abrir las puertas a la Justicia para que pueda actuar y tener máximas garantías en su trabajo».

El PP defiende su gestión

En el mismo sentido, aunque desde un punto de vista bien distinto se pronunció el Partido Popular, al que le estalló este caso apenas unas semanas antes de las municipales. El portavoz del PP, Alfonso Novo, se mostró dispuesto a aclarar los términos de los contratos y colaborar «en todo lo posible» con la actuación judicial y policial. «No conocíamos nada de esto, sabemos lo que ha salido en los medios, pero no tenemos conocimiento de que se haya producido alguna irregularidad», dijo Novo, quien explicó que «la tramitación del expediente se hizo con los informes favorables de los servicios municipales». «Si al margen de ello ha habido actuaciones irregulares habrá que demostrarlo», añadió. Para el portavoz del PP, «esto es una cuestión personal y la Justicia dirá la responsabilidad de cada una de las personas».

Políticamente hablando, Novo cree que este asunto «no afecta absolutamente en nada» al Grupo Popular, que, según recordó, «en su día ya hizo lo que tenía que hacer y como consecuencia de las primeras investigaciones se dio de baja a quien tenía que darse de baja», en referencia a Alcón, que también fue retirada de la lista del PP para las elecciones municipales.