La presidenta y síndica del PP en las Corts, Isabel Bonig, aseguró ayer que su grupo solicitará también, al igual que Ciudadanos, que se cite a comparecer en la comisión de investigación sobre el accidente del metro a la jueza del caso, Nieves Molina, y a la fiscal que intervino en la primera instrucción y que, como hizo la Generalitat, solicitó el archivo, Asunción Calvo. La citación de la jueza y la fiscal centró ayer las declaraciones en los pasillos de las Corts, ante la constitución, el lunes, de la comisión investigadora.
Inquirida por los periodistas, Bonig manifestó el apoyo a estas comparecencias que su grupo, dijo, también solicitará, «porque hubo tres sentencias que determinaron una cuestión [el archivo inicial del caso, revocado después por la Audiencia], y eso no lo impuso el PP sino los jueces y los tribunales».
La popular indicó que llamarán además a «todos los técnicos que intervinieron y avalaron con sus informes las cuestiones de seguridad», así como a los alcaldes de los municipios de los que procedían las víctimas para que aclaren «cómo fue la coordinación y cómo se gestionó esa tragedia». «Es importante que se escuche a todo el mundo para que diga qué pasó en esa tragedia», dijo Bonig, quien expresó su «apoyo» a los familiares de las víctimas.
El portavoz adjunto de Ciudadanos Alexis Marí explicó que, aunque «no se trata de hacer una comisaría o un cuartel en sede parlamentaria», entiende que, como hay que aclarar «qué pasó y las responsabilidades políticas», su grupo citará a la jueza y la fiscal para que expliquen «ciertos asuntos que hemos visto y que no tenemos claros». Apeló para ello a la «colaboración entre instituciones».
Sin embargo, el síndic de Podemos, Antonio Montiel, vio «poco probable» que la juez y la fiscal puedan comparecer para abordar asuntos que «todavía están juzgando». Desde el PSPV se dijo que la petición es ilegal: «Está prohibido que miembros del poder judicial sean requeridos para dar explicaciones sobre su actividad judicial».
Apoyo a los directivos imputados
Por otro lado, Bonig criticó que se haya dejado «desamparados a los trabajadores de FGV», en referencia a la negativa del nuevo Consell a seguir pagando a los directivos imputados un abogado particular para cada uno. La popular alegó que es un derecho laboral que tienen todas las compañías ferroviarias. FGV aclaró que les garantizan el abogado previsto en el seguro contratado, pero que ellos quieren un letrado particular cada uno.
